Martes, 12 de noviembre, 2019

El 10 de mayo de 2019, la marcha del Orgullo celebrada en la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) fue disuelta violentamente por la policía, que empleó pulverizadores de pimienta, balas de plástico y gas lacrimógeno


En relación con el juicio que comienza mañana contra 18 estudiantes y un profesor por participar en mayo de 2019 en un desfile del Orgullo en la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) que habían prohibido las autoridades, Sara Hall, directora adjunta de Campañas de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:

“La primavera pasada, la policía usó pulverizadores de pimienta, balas de plástico y gas lacrimógeno contra estudiantes que participaban pacíficamente en una celebración del amor y la solidaridad”.

“La primavera pasada, la policía usó pulverizadores de pimienta, balas de plástico y gas lacrimógeno contra estudiantes que participaban pacíficamente en una celebración del amor y la solidaridad. Hoy son arrastrados por los tribunales por cargos infundados.

“La prohibición de la marcha del Orgullo carece de base jurídica”.

“La prohibición de la marcha del Orgullo carece de base jurídica, y se violó el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de estos valientes estudiantes y otras personas que la desafiaron. Deben retirarse todos los cargos en su contra”.

Información complementaria

El 10 de mayo de 2019, la marcha del Orgullo celebrada en la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) fue disuelta violentamente por la policía, que empleó pulverizadores de pimienta, balas de plástico y gas lacrimógeno. Al menos 22 personas sufrieron detención ilegítima en el campus universitario.

Dieciocho de ellas y un profesor se enfrentan a cargos infundados en aplicación de la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones por “negarse a dispersarse”, delito que puede acarrear una pena de entre seis meses y tres años de prisión. Uno de los estudiantes, además, se enfrenta al cargo de “insultos” por presuntos gestos con la mano a un agente de policía, por el que podría tener que cumplir entre tres meses y dos años de cárcel.