Viernes, 08 de mayo, 2020

La Unión Africana, las comisiones económicas regionales, los gobiernos y quienes defienden los derechos de las mujeres deben redoblar sus esfuerzos para garantizar que se protegen y garantizan la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y las niñas, y que las violaciones de estos derechos son documentadas y abordadas por los sistemas de justicia


“Las autoridades del África subsahariana deben garantizar que sus respuestas a la pandemia de COVID-19 incluyen protecciones específicas para los derechos de las mujeres y las niñas”, afirman Amnistía Internacional, Women's Link Worldwide y la Federación Internacional de Planificación de la Familia Región de África (IPPFAR) en un informe publicado hoy.

El documento contiene una hoja de ruta para que los gobiernos y las organizaciones regionales tomen las medidas necesarias para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, que a menudo se ven afectadas de forma desproporcionada en las situaciones de crisis. Destaca las obligaciones de los Estados de garantizar el derecho a vivir sin discriminación y violencia, y pide a los gobiernos que garanticen el acceso a servicios, productos e información esenciales de salud sexual y reproductiva durante la pandemia.

“La actual pandemia de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. Su salud y su bienestar se ven afectadas negativamente no sólo por la interrupción de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva —como el asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, salud materna y neonatal, violencia de género y pruebas y tratamientos para el VIH y las infecciones de transmisión sexual—, sino que también sus medios de vida e incluso sus vidas están en peligro cuando los delitos sexuales se invisibilizan y permanecen sin castigo”, afirma Marie-Evelyne Petrus-Barry, directora regional para África de IPPF.

“Por eso la Unión Africana, las comisiones económicas regionales, los gobiernos y quienes defienden los derechos de las mujeres deben redoblar sus esfuerzos para garantizar que se protegen y garantizan la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y las niñas, y que las violaciones de estos derechos son documentadas y abordadas por los sistemas de justicia”.

Las organizaciones piden a los gobiernos que adopten medidas urgentes para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, poniendo de relieve los peligros concretos relacionados con el género que plantea la pandemia de COVID-19.

Entre los ejemplos que destaca el informe figura el derecho a vivir sin sufrir violencia ni ninguna forma de tortura o trato inhumano o degradante.

“En épocas de crisis y conflictos como ésta, las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de sufrir violaciones de sus derechos. Esto es especialmente cierto para las mujeres que ya están viviendo en situaciones de marginación. Por esta razón, es urgente que trabajemos para garantizar que se respetan y garantizan sus derechos”, manifestó Viviana Waisman, presidenta y CEO de Women’s Link Worldwide.

“Estas directrices son una hoja de ruta que nos permitirá llevar a cabo labores de vigilancia e incidencia, y exigir a los gobiernos que cumplan sus obligaciones y mantengan su compromiso con los derechos y las vidas de las mujeres y las niñas durante la pandemia de COVID-19.”

Según el informe, la implementación de medidas como toques de queda, confinamientos o restricciones de viajes podría desembocar en brutalidad y violencia policiales que, en última instancia, plantean el riesgo de que las mujeres y las niñas sean objeto de violencia sexual.

También preocupa el aumento de los embarazos adolescentes, como ya se había observado en Sierra Leona tras el confinamiento impuesto para detener la propagación de la epidemia de ébola. Los gobiernos deben establecer salvaguardias para garantizar que se protege a las mujeres y niñas de la violencia sexual y que tienen acceso a servicios y productos para la salud sexual y reproductiva.

Las organizaciones piden también que se proteja mejor a las mujeres refugiadas y migrantes. África acoge a más de 25,2 millones de personas refugiadas y desplazadas internamente, y alberga cuatro de los seis mayores campos para personas refugiadas del mundo en Uganda, Kenia, Tanzania y Etiopía. Los campos para personas refugiadas de la región suelen proporcionar alojamiento insuficiente y en condiciones de hacinamiento que representan un grave riesgo para la salud de sus habitantes.

“A medida que la COVID-19 se propaga por la región, las mujeres y niñas ya están sufriendo, según los informes, un aumento de la violencia de género en el ámbito familiar. Las restricciones a la libertad de circulación, el aislamiento social y los confinamientos pueden dificultar aún más que las mujeres accedan a servicios esenciales como la atención para la salud sexual y reproductiva y la protección de la violencia de género en el ámbito familiar”, afirmó Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

“Pedimos a los gobiernos de la región que actúen urgentemente para prevenir que aumenten las disparidades de género. Todas las medidas que se adopten para responder a la pandemia de COVID-19 deberán respetar y proteger los derechos de las mujeres, incluido el derecho a vivir sin violencia ni tortura y otros malos tratos, y el derecho a acceder a la justicia.”

Sobre nuestras organizaciones

Amnistía Internacional: Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que se toman la injusticia como algo personal. Trabajamos por un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.

IPPFAR: La Federación Internacional de Planificación de la Familia Región de África (IPPFAR) es la organización principal de África que proporciona servicios de salud sexual y reproductiva y la voz más destacada que defiende en la región la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Women’s Link Worldwide: Women’s Link Worldwide es una organización internacional sin ánimo de lucro que usa el poder de las leyes para promover un cambio social que fomente los derechos humanos de las mujeres y las niñas, especialmente de las que sufren múltiples desigualdades.