Egipto: En riesgo la salud de defensor de derechos humanos detenido

El 31 de octubre de 2020 se prorrogó 45 días más la detención en espera de juicio del investigador de derechos humanos Ibrahim Ezz el-Din.  Su estado de salud se ha ido deteriorando desde su detención, el 11 de junio de 2019, y sus 167 días de desaparición forzada. Su mala salud hace que corra mayor riesgo de sufrir los efectos de la COVID-19, que, según informes, se está propagando por las prisiones egipcias, tristemente famosas por sus condiciones de hacinamiento y falta de higiene.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Fiscal General de Egipto
PublicProsecutor Hamada al-Sawi

Office of the Public Prosecutor

Madinat al-Rehab

Cairo, Egipto

Fax: +202 2577 4716

Twitter: @EgyptJustice

 

Señor Fiscal General:

Le escribo para expresarle mi preocupación por el hecho de que el investigador de derechos humanos Ibrahim Ezz el-Din continúe recluido arbitrariamente en la Prisión de Investigación de Tora. Antes de su traslado a la prisión el 16 de noviembre de 2019, estuvo 167 días sometido a desaparición forzada en lugares desconocidos, donde afirma que fue torturado. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, detenido únicamente por su trabajo pacífico de derechos humanos.

El 31 de octubre de 2020, el Tribunal Penal de El Cairo prorrogó su detención 45 días, para llevar a cabo investigaciones en el marco de la causa no. 488/2019 por cargos infundados de “contribuir a la consecución de los objetivos de un grupo terrorista” y “publicar información falsa que menoscaba la seguridad nacional”.

Según fuentes informadas, Ibrahim padece inflamación de las vértebras lumbares, alergias crónicas y una infección por hongos de la lengua, causada por las malas condiciones de reclusión. En abril de 2020 lo llevaron al hospital de la prisión, pero las autoridades penitenciarias no facilitaron su historial médico a su familia, que no puede por tanto consultar con un médico privado para que le prescriba la dosis apropiada de medicación. El hospital de la prisión no tiene equipos de rayos X, necesarios para diagnosticar su dolor de espalda. De acuerdo con la lista de grupos vulnerables de la Organización Mundial de la Salud, debido a su mala salud, Ibrahim corre especial riesgo de sufrir los efectos de enfermedades víricas como la COVID-19, especialmente porque padece alergias crónicas que causan dificultades respiratorias. Según profesionales médicos que conocen su caso, la tortura sistemática que sufrió durante su desaparición forzada, sumada al hecho de que las autoridades de la prisión de Tora le nieguen la atención médica adecuada, podría ser la causa de su depresión: en 2020 ha intentado suicidarse dos veces.

Lo insto a dejar a Ibrahim Ezz El-Din en libertad de inmediato y sin condiciones, dado que su detención se debe únicamente a su trabajo pacífico de derechos humanos. Le pido que, hasta que sea puesto en libertad, garantice que tiene a acceso a servicios de salud adecuados, incluida atención psiquiátrica si es necesario. Lo insto también que inicie una investigación sobre su desaparición forzada y su presunta tortura para que los presuntos responsables sean llevados ante la justicia a fin de ser sometidos a un juicio justo.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria         

Ibrahim es investigador de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, donde trabaja sobre el derecho a la vivienda.

El 11 de junio de 2019 por la noche, unos policías vestidos de civil lo detuvieron en la calle cerca de su casa, en El Cairo. Las autoridades ocultaron su suerte y su paradero durante 167 y negaron a sus familiares y sus abogados tenerlo bajo custodia. El 26 de noviembre de 2019, lo llevaron ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado. Según su abogado, parecía encontrarse débil físicamente y había perdido mucho peso. Ibrahim dijo al fiscal que lo habían torturado mientras se encontraba recluido en régimen de incomunicación para que diera información sobre su relación con la Comisión de Derechos y Libertades y el trabajo en ésta. Explicó también que había estado recluido en condiciones inhumanas y degradantes en dependencias de varios servicios de seguridad.

El 31 de octubre de 2020 se prorrogó 45 días más su detención en espera de juicio.  Sus abogados han dicho a Amnistía Internacional que durante la vista parecía frágil y estaba muy delgado. Tras una visita que le hizo a la prisión el 27 de octubre de 2020, su madre también contó que parecía retraído.

Ibrahim es la quinta persona afiliada a la Comisión de Derechos y Libertades que es detenida desde 2016. Previamente, el 13 de mayo de 2019, había sido detenido Haytham Mohamdeen, abogado de derechos humanos que trabaja también para Comisión, por cargos falsos de “ayuda a un grupo terrorista”. Asimismo, en mayo de 2018, las fuerzas de seguridad egipcias habían detenido a AmalFathy, defensora de los derechos humanos y esposa del director ejecutivo de la Comisión y ex investigador de Amnistía Internacional Mohamed Lotfy, por un vídeo donde criticaba a las autoridades por no ocuparse del acoso sexual incontrolado. La dejaron en libertad condicional en diciembre de 2018 y dictaron su arresto domiciliario hasta el 14 de marzo de 2020, cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado levantó las medidas cautelares a que estaba sometida. En 2016, las autoridades detuvieron también a la directora del Programa para Minorías de la Comisión , Mina Thabet, y al presidente de su junta directiva, Ahmed Abdallah, que quedaron luego en libertad sin cargos.

Debido a su detención, Ibrahim Ezz El-Din no ha podido defender la tesis del máster que estaba cursando, que tenía previsto presentar en diciembre de 2019. Aunque su abogado consiguió que le permitieran recibir libros en la prisión, las autoridades penitenciarias le impidieron preparar la tesis. Sólo se le permite recibir una visita de 10 minutos de duración al mes. También recibe paquetes con comida y medicinas una vez a la semana.

La detención de Ibrahim se produjo en medio de una crisis de derechos humanos existente en Egipto, que se ha caracterizado por la represión de la sociedad civil egipcia y la detención de centenares de personas debido a su trabajo en favor de los derechos humanos o al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión o de reunión pacífica. La represión ha afectado a periodistas, aficionados al fútbol, personas críticas, políticos y personal de organizaciones de la sociedad civil. Muchas de las personas detenidas fueron secuestradas y sometidas a desaparición forzada antes de que se presentaran contra ellas cargos infundados de “terrorismo” y quedaran recluidas en régimen de incomunicación durante meses, e incluso años, sin juicio. (Más información aquí)

Amnistía Internacional ha documentado el uso que hacen las fuerzas de seguridad egipcias de las desapariciones forzadas como instrumento contra activistas políticos y manifestantes, incluso estudiantes y menores de edad (más información (aquí). Centenares de personas sometidas a desaparición forzada han sido detenidas arbitrariamente y recluidas en régimen de incomunicación en centros de detención secreta, sin acceso a abogados ni a sus familias y sin supervisión judicial externa. La Comisión de Derechos y Libertades de Egipto es una de las principales ONG egipcias que trabajan ampliamente sobre la cuestión de las desapariciones forzadas.

Amnistía Internacional ha documentado la deficiente gestión que han hecho las autoridades egipcias del brote de COVID-19 en las prisiones y otros centros de detención, al no proporcionar, por ejemplo, productos sanitarios a las personas presas ni hacer sistemáticamente pruebas y aislar a las que pudieran estar infectadas. Las autoridades han dejado en libertad a miles de personas por medio de indultos anuales, pero esta medida no ha sido suficiente para reducir el hacinamiento. Las personas recluidas en espera de juicio y las detenidas en el marco de causas de índole política no han podido beneficiarse de los indultos. Las autoridades también han detenido arbitrariamente y hostigado a familiares y partidarios de personas presas por expresar preocupación por su salud.

Entre marzo y agosto prohibieron las visitas a las prisiones alegando el temor a la COVID-19, pero no proporcionaron medios alternativos de comunicación periódica entre las personas presas y sus familiares y abogados. Durante todo 2020, las autoridades penitenciarias han negado todas las visitas familiares a varias personas detenidas en el marco de causas de índole política. (más información aquí)

Pueden escribir llamamientos en: Árabe o inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 15 de enero de 2021. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Ibrahim Ezz El-Din (masculino)

Enlace a la AU anterior:https://www.amnesty.org/es/documents/mde12/1966/2020/es/