Negar las vacunas de la COVID-19 a la población palestina pone de manifiesto la discriminación institucionalizada de Israel

El gobierno israelí debe dejar de hacer caso omiso de sus obligaciones internacionales como potencia ocupante y tomar de inmediato medidas para garantizar el suministro igualitario y justo de las vacunas contra la COVID-19 a la población palestina sometida a su ocupación en Cisjordania y la Franja de Gaza, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El 23 de diciembre, el Ministerio de Salud israelí comenzó a distribuir vacunas contra la COVID-19. Tras administrar las primeras dosis a más del 10 por ciento de su población, Israel ha recibido elogios por ser el país donde más extensa ha sido la campaña de vacunación hasta la fecha en proporción con su número de habitantes. Sin embargo, hasta ahora el plan de vacunación contra la COVID-19 abarca sólo a los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos que viven en Cisjordania, y los habitantes palestinos de Jerusalén. Excluye a los casi cinco millones de palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza, bajo la ocupación militar israelí.

“El programa de vacunación contra la COVID-19 de Israel pone de manifiesto la discriminación institucionalizada que define la política del gobierno israelí hacia la población palestina. Mientras Israel celebra una campaña de vacunación sin precedentes, millones de palestinos que viven bajo el control israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza no recibirán ninguna vacuna o tendrán que esperar mucho tiempo para recibirla. No podría haber mejor ilustración de hasta qué punto se considera que las vidas israelíes valen más que las palestinas”, ha afirmado Saleh Higazi, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades israelíes deber garantizar el suministro igualitario de las vacunas a la población palestina que vive bajo su control, a fin de cumplir con las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional. Deben garantizar también la entrada fluida de vacunas y otros materiales médicos en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), lo que incluye tomar las disposiciones logísticas necesarias para garantizar la seguridad y eficacia de estas vacunas.”

El Ministerio de Salud israelí no ha formulado públicamente aún una política de asignación que incluya reservar cantidades concretas de dosis para la población palestina de los TPO, ni ha establecido tampoco un calendario de distribución de estas vacunas a las autoridades sanitarias palestinas.

Durante más de medio siglo de ocupación y aplicación de un sistema de discriminación institucionalizada en los TPO, incluido Jerusalén Oriental, Israel ha privado a la población palestina de sus derechos básicos y cometido violaciones masivas de derechos humanos. Israel debe poner fin a sus políticas discriminatorias y eliminar todo obstáculo que impida a la población palestina acceder a la atención de la salud y recibirla.

Entre la obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional humanitario figura el deber de asegurar y mantener “los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en particular tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias”, como dispone el artículo 56 del IV Convenio de Ginebra.

A fecha de 3 de enero de 2021, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 159.034 palestinos de los TPO, incluido Jerusalén Oriental, han dado positivo en la prueba del coronavirus desee que se tuvo noticia del primer caso confirmado en marzo de 2020. Desde que comenzó la pandemia se han producido casi 1.600 muertes relacionadas con la COVID-19 en la población palestina de los TPO.

Puesto que las autoridades palestinas de Cisjordania y la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza no pueden costear las vacunas y su distribución entre la población palestina, dependen de mecanismos mundiales de cooperación como el COVAX, que no ha comenzado todavía a distribuir vacunas. Israel debe prestar apoyo económico para garantizar la pronta distribución de la vacuna a la población palestina sin discriminación. Israel debe también levantar el bloqueo de la Franja de Gaza para posibilitar el buen funcionamiento de su sistema de salud frente la pandemia de COVID-19. El sistema de salud de Gaza –sometida a medio siglo de ocupación y más de un decenio de bloqueo– nos puede ya atender las necesidades de su población. Le pandemia de COVID-19 y la falta de acceso justo a las vacunas no han hecho más que agravar la discriminación y la desigualdad que sufre la población palestina.

“El gobierno israelí debe cumplir las obligaciones que ha contraído como potencia ocupante en virtud de derecho internacional humanitario y de los derechos humanos para garantizar el más alto nivel posible de salud física y mental a la población de los TPO sin discriminación”, ha añadido Saleh Higazi.

Debe tenerse totalmente en cuenta la opinión de los grupos marginados en los procesos de toma de decisiones para garantizar que las políticas nacionales de vacunación no son excluyentes ni discriminatorias. Todos los Estados deben abordar las desigualdades existentes para asegurarse de que todas las personas tienen acceso a las vacunas.”

El 22 de diciembre, 10 organizaciones de derechos humanos y de salud hicieron una declaración en la que se pedía a Israel que garantizara que su campaña de vacunación incluye a la población palestina que vive bajo la ocupación israelí.

A principios de diciembre, Israel llegó a un acuerdo con la empresa farmacéutica Pfizer para que le suministrara ocho millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 recién aprobada, las suficientes para administrársela a casi la mitad de los cerca de nueve millones de habitantes de Israel, ya que cada persona necesita recibir dos dosis. Israel llegó también a un acuerdo con Moderna para la adquisición de seis millones de dosis de su vacuna, las suficientes para otros tres millones de israelíes.

A medida que la carrera por distribuir las vacunas contra la COVID-19 toma impulso, Amnistía Internacional pide a los Estados y las empresas que garanticen que no se niega a nadie el acceso a la atención de la salud, incluidas las vacunas, debido al lugar donde vive, a su identidad o a su nivel de ingresos.

Información complementaria

Hay alrededor de 600.000 colonos israelíes viviendo en 256 asentamientos y puestos de avanzada esparcidos por todo el territorio ocupado de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Los asentamientos son ilegales según el derecho internacional.

El 3 de enero de 2021, el Ministerio de Salud israelí dijo que en Israel habían dado positivo en la prueba del coronavirus 435.866 personas desde que se tuvo noticia del primer caso confirmado en febrero de 2020. Añadió que hasta esa fecha habían muerto en el país casi 3.400 personas.

La información disponible indica que la primera tanda de 313.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 llegó a Israel a principios de diciembre de 2020, y se esperaba que el país recibiera 3,8 millones más de dosis para el final de diciembre de 2020.

Las autoridades palestinas tienen jurisdicción nominal y limitada sobre partes del territorio ocupado de Cisjordania según acuerdos provisionales de paz alcanzados con Israel en la década de 1990. Israel se apoderó de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y de la Franja de Gaza tras la guerra de 1967.

Las autoridades palestinas esperan conseguir vacunas para su población de Cisjordania y la Franja de Gaza por medio de una asociación con organizaciones humanitarias auspiciada por la ONU y conocida como COVAX, que tiene por objeto suministrar vacunas para hasta el 20 por ciento de la población de todos los países participantes, muchos de los cuales se han visto afectados con especial dureza por la pandemia de COVID-19.