Venezuela: Militares detienen arbitrariamente a personal de una ONG

Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Maracaibo detuvieron el 12 de enero en Zulia (oeste de Venezuela) a seis miembros del personal de Azul Positivo, ONG médica y humanitaria de Venezuela. Uno de los detenidos fue liberado, pero los otros cinco permanecen recluidos y serán acusados formalmente. Los funcionarios de la DCGIM hicieron una redada en las oficinas de la ONG y confiscaron su equipo de trabajo. Los miembros del personal no han tenido acceso a sus abogado ni a sus familias. Exigimos que se libere inmediatamente a todos los trabajadores de Azul Positivo y que se ponga fin al acoso y el procesamiento penal de la sociedad civil.

 

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

 

 

 

Presidente Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores

Av. Norte 10, Caracas 1012,

Distrito Capital

Venezuela

Tel: +58 212-8063111

Twitter: @NicolasMaduro

 

 

Señor Nicolás Maduro:

 

He recibido con consternación la noticia de la detención, el 12 de enero, de trabajadores humanitarios y de la sociedad civil pertenecientes a Azul Positivo por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Maracaibo.

Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, Miguel Guerra

Raydan y Luis Ferrebuz fueron detenidos arbitrariamente sin orden judicial. Aunque, según los informes, Miguel Guerra ha sido puesto en libertad, permaneció recluido junto con los demás sin acceso a abogados o familiares.

El trabajo de Azul Positivo como organización humanitaria es admirable y fundamental, habida cuenta de la terrible situación de los derechos humanos en Venezuela. Su trabajo debe garantizarse, protegerse y celebrarse, no criminalizarse.

Le pido que garantice la liberación inmediata de todo el personal de Azul Positivo y que ponga fin al acoso, el procesamiento penal y la censura de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de todas las personas de Venezuela, especialmente las más necesitadas.

Atentamente,

[NOMBRE]

 

Información complementaria

Azul Positivo es una organización no gubernamental que, desde 2004, trabaja para promover la inclusión, el conocimiento y el tratamiento de los pacientes VIH positivo, así como cuestiones transversales tales como las enfermedades de transmisión sexual, la diversidad y la violencia sexual. Desde 2006 ha desarrollado proyectos comunitarios en diversos pueblos y ciudades del estado de Zulia (oeste de Venezuela). Mediante su trabajo ha contribuido a la labor de entidades estatales de salud pública, como el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, el Programa Regional VIH/SIDA y el Ministerio para la Salud. También ha sido aliada de agencias de las Naciones Unidas tales como ONUSIDA, el ACNUR y UNFPA, implementando proyectos sobre salud sexual y reproductiva en la frontera con Colombia.

Según la Comisión para los Derechos Humanos del Estado de Zulia (CODHEZ), el 12 de enero de 2021, hacia las once y media de la mañana, una comisión de al menos 15 miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acudió a la sede de la organización de la sociedad civil Azul Positivo, ubicada en el centro comercial de Aventura, en la ciudad de Maracaibo, para llevar a cabo un presunto procedimiento administrativo relacionado con las actividades de ayuda humanitaria que la organización lleva a cabo en diversas comunidades del estado de Zulia.

Durante más de seis horas, los directores de la organización y varios miembros del equipo permanecieron retenidos en las oficinas y fueron interrogados sobre su trabajo humanitario. Pasado ese tiempo, Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Miguel Guerra Raydan fueron llevados presuntamente a la jefatura de la DGCIM, sin que en ningún momento tuvieran acceso a asistencia letrada. Más tarde, ese mismo día, otro trabajador de Azul Positivo, Luis Ferrebuz, fue detenido en su casa por funcionarios de la DGCIM. Según los informes, Miguel Guerra fue puesto en libertad.

El gobierno de Nicolás Maduro ha puesto en marcha una política de represión y ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja crisis humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que ha obligado a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y un futuro digno en el extranjero. Hasta diciembre de 2020, más de 5,4 millones de personas habían huido del país.

Todos estos sucesos no son hechos aislados. Desde principios de enero, la sociedad civil de Venezuela ha informado de una nueva oleada de represión contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, centrada principalmente en criminalizar la cooperación internacional. Esta nueva serie de ataques de represión también ha afectado a medios de comunicación independientes.

El año pasado, un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela documentó centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, y concluyó que estas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

 

Pueden escribir llamamientos en: español. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 11 de marzo de 2021

Consulten con la oficina de amnistía internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Imagen de Tumisu en Pixabay