Venezuela: El gobierno da marcha atrás en sus amenazas a ONG

El 3 de mayo de 2021, tras la indignación de la sociedad civil internacional y local, y también la de las organizaciones internacionales, el gobierno venezolano emitió una nueva providencia administrativa en la que anulaba las disposiciones arbitrarias que amenazaban con criminalizar y discriminar a las ONG, a sus beneficiarios y beneficiarias y a las personas sobrevivientes del país.

No se requiere ninguna otra acción. Muchas gracias a todas las personas que enviaron llamamientos.

A finales de marzo de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro publicó una providencia administrativa que exigía la inscripción en registro, antes del 1 de mayo, de todas las personas naturales o jurídicas de carácter no financiero, y subrayaba la obligación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de registrarse para garantizar la vigilancia y supervisión de su trabajo. La providencia administrativa, tal como se publicó, imponía controles estrictos y abusivos que incluían una lista de todas las personas beneficiarias de la ONG y de otras organizaciones con las que trabajara. En caso de incumplimiento, las ONG podían enfrentarse a cargos penales y sanciones no específicas en virtud de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Unos días después de que entrara en vigor, el 3 de mayo, el gobierno emitió una nueva providencia administrativa en la que modificaba los motivos básicos de preocupación que las ONG y las organizaciones internacionales habían condenado públicamente y que eran contrarios a las normas de derechos humanos.

La presión pública ejercida por Amnistía Internacional, organizaciones asociadas locales y organizaciones internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron un impacto directo en la decisión del gobierno de dar marcha atrás en su ataque a la sociedad civil y modificar esta normativa. Aunque la providencia administrativa aún exige a las ONG de Venezuela inscribirse en registro, y aunque persiste la preocupación por el uso de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para controlar a las organizaciones de la sociedad civil, el incumplimiento de la normativa ya no implica una sanción penal explícita.

Este retroceso en la política de represión se ha producido en un contexto en el que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que, antes de junio de 2021, comunicaría si abría una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Seguiremos observando la situación y movilizándonos contra cualquier intento del gobierno de impedir el derecho a defender los derechos en Venezuela.

Nombre y género gramatical preferido: ONG venezolanas (no aplicable)

Segunda y última actualización de la AU 046/21

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/4013/2021/es/