COVID-19: El ataque global contra la libertad de expresión está teniendo un peligroso impacto en la crisis de salud pública

Los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión, combinados con la circulación de desinformación en todo el mundo durante la pandemia de COVID-19, han tenido un impacto devastador en la capacidad de la gente para acceder a información exacta y oportuna que la ayude a afrontar la creciente crisis de salud global, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe Silenciamiento y desinformación: La libertad de expresión, en peligro durante la pandemia de COVID-19 revela cómo el recurso durante la crisis a la censura y el castigo por parte de gobiernos y autoridades ha reducido la calidad de la información que llega a la población. La pandemia ha creado una peligrosa situación en la que los gobiernos están utilizando nuevas leyes para silenciar la información independiente, así como para atacar a las personas que critican directamente su respuesta a la COVID-19, o incluso a las que han intentado investigar esa respuesta.

“A lo largo de la pandemia, los gobiernos han lanzado un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión, restringiendo seriamente los derechos de las personas. Se ha puesto en el punto de mira a los canales de comunicación, se han censurado las redes sociales y se han cerrado medios de comunicación, todo lo cual ha tenido un terrible impacto en la capacidad de la población para acceder a información vital sobre cómo enfrentarse a la COVID-19”, ha afirmado Rajat Khosla, director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional.”

“En mitad de una pandemia, se ha silenciado y encarcelado a periodistas y profesionales de la salud. La consecuencia es que la gente no ha podido acceder a información sobre la COVID-19, incluida la que les podría ayudar a protegerse y proteger a sus comunidades. Aproximadamente cinco millones de personas han perdido la vida a consecuencia de la COVID-19, y la falta de información probablemente ha sido un factor que ha contribuido a ello.” 

El gobierno de China tiene un largo historial de control de la libertad de expresión.  Ya en diciembre de 2019, muy al principio de la pandemia, hubo profesionales de la salud y periodistas ciudadanos que intentaron disparar las alarmas, pero el gobierno los puso en el punto de mira por informar sobre el brote de lo que por entonces se trataba de una enfermedad desconocida. En febrero de 2020 se habían abierto 5.511 investigaciones penales contra personas que habían publicado información sobre el brote por “inventar y difundir deliberadamente información falsa y perniciosa”.

Un caso terrible fue el de la periodista ciudadana Zhang Zhan, que viajó hasta Wuhan en febrero de 2020 para informar sobre el brote de COVID-19 y desapareció en mayo de 2020 en esa ciudad. Posteriormente se reveló que había sido detenida por la policía, acusada de “provocar peleas y crear problemas” y condenada a cuatro años de cárcel.

Otros muchos países han introducido leyes opresivas que restringen el derecho a la libertad de expresión y silencian la disidencia en el marco de la pandemia o so pretexto de ella. Entre estos países se encuentran Tanzania, Rusia y Nicaragua. 

En los últimos años, el gobierno tanzano ha introducido una serie de leyes que han utilizado para silenciar a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la oposición política. Bajo la administración del expresidente Magufuli, el gobierno tanzano adoptó una postura negacionista sobre la COVID-19. Entre marzo y mayo de 2020, las autoridades utilizaron leyes que prohibían y penalizaban las “noticias falsas” y emplearon otras medidas para restringir la cobertura en los medios de comunicación de la gestión de la COVID-19 por parte del gobierno.

Aunque al principio trataron de minimizar el impacto de la pandemia e intimidar a quienes planteaban preocupaciones respecto a ella, las autoridades de Nicaragua utilizaron la COVID-19 para introducir la “Ley Especial de Ciberdelitos” en octubre de 2020. En la práctica, esta ley permite a las autoridades castigar a quienes critiquen las políticas gubernamentales y les concede amplias facultades para reprimir la libertad de expresión.

En abril de 2020, Rusia amplió su legislación contra las “noticias falsas” e introdujo sanciones penales para la “difusión pública de información deliberadamente falsa” en el contexto de situaciones de emergencia. Aunque se dijo que estas reformas formaban parte de la respuesta oficial a la COVID-19, se trata de medidas que seguirán en vigor una vez que la pandemia llegue a su fin.

“Está claro que las restricciones sobre la libertad de expresión relacionadas con la COVID-19 no son simples medidas extraordinarias de duración determinada para enfrentarse a una crisis temporal, sino que forman parte de una ofensiva contra los derechos humanos que se ha vivido en todo el mundo durante los últimos años. Los gobiernos han encontrado otra excusa para intensificar su ataque contra la sociedad civil”, ha declarado Rajat Khosla.

“La restricción del derecho a la libertad de expresión es peligrosa y no debe convertirse en la nueva normalidad. Los gobiernos deben levantar urgentemente este tipo de restricciones y garantizar la libre circulación de información para proteger el derecho a la salud de la población.”

El informe de Amnistía destaca el papel de las empresas de redes sociales a la hora de facilitar la difusión rápida de desinformación sobre la COVID-19. Esto se debe a que estas plataformas están diseñadas para amplificar contenidos que captan la atención de la gente para conseguir usuarios, y no han actuado con la debida diligencia para evitar la difusión de información falsa y engañosa.

Esta avalancha de desinformación —ya sea a través de las redes sociales o de personas que desde puestos de poder tratan de difundir mensajes de división y confusión para su propio beneficio— supone una grave amenaza para los derechos a la libertad de expresión y a la salud. Este fenómeno hace que para las personas resulte cada vez más difícil formarse una opinión plenamente informada y tomar decisiones con fundamento sobre su salud a partir de la mejor evidencia científica disponible. Es fundamental que las fuentes sean variadas y que se pueda cuestionar y discutir la información disponible.

“Igual que instamos a gobiernos y empresas farmacéuticas a que se aseguren de que las vacunas se distribuyen y se ponen a disposición de toda la población mundial, los Estados y las empresas de redes sociales también deben garantizar que el público puede acceder sin restricciones a una información correcta, oportuna y basada en evidencias científicas. Esto es crucial para minimizar la reticencia a la vacunación que provoca la desinformación”, ha afirmado Rajat Khosla.

“Hasta ahora, en todo el mundo se han administrado 6.600 millones* de vacunas, pero sólo el 2,5% de la población de países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. “Quedan 75 días para que termine el año. Pedimos a los Estados y las empresas farmacéuticas que cambien radicalmente de rumbo y hagan todo lo necesario para empezar ya a entregar 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos bajos, pero necesitan información segura y fiable para ayudarlos a tomar sus decisiones.”

Amnistía Internacional pide a los Estados que dejen de utilizar la pandemia como excusa para silenciar el periodismo independiente, que levanten todas las restricciones indebidas sobre el derecho a la libertad de expresión y que proporcionen información creíble, fiable y accesible para que la opinión pública pueda estar plenamente informada sobre la pandemia. La desinformación no se combate con censura, sino con unos medios de comunicación libres e independientes y una sociedad civil fuerte.

Los Estados deben revisar el destructivo modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas, una de las causas fundamentales de la difusión de desinformación e información incorrecta online. Además, las empresas de redes sociales deben dejar de esconder la cabeza en la arena y tomar medidas para abordar la difusión viral de desinformación, lo cual incluye garantizar que sus modelos de negocio no ponen en peligro los derechos humanos.