Sri Lanka: Las autoridades deben abstenerse de utilizar a las fuerzas armadas para controlar las protestas

Las autoridades de Sri Lanka no deben imponer una orden general que autorice el uso de la fuerza durante el estado de excepción que han anunciado, y deben abstenerse de usar a las fuerzas armadas para controlar la protesta ciudadana, manifestó Amnistía Internacional hoy tras emitirse una nueva orden que faculta a las fuerzas armadas para mantener la ley y el orden en Colombo.

“La reciente escalada de la respuesta de las autoridades a las protestas con la llamada a las fuerzas armadas, que dispararon contra quienes se manifestaban e hicieron uso excesivo de gas lacrimógeno, causando la muerte de una persona ayer, es profundamente preocupante”, manifestó Yamini Mishra, directora regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional.

La reciente escalada de la respuesta de las autoridades a las protestas con la llamada a las fuerzas armadas, que dispararon contra quienes se manifestaban e hicieron uso excesivo de gas lacrimógeno, causando la muerte de una persona ayer, es profundamente preocupante.

Yamini Mishra, directora regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional.

El 13 de julio de 2022 por la mañana, miles de manifestantes se dirigieron hacia la oficina del primer ministro y el Parlamento en Colombo. Tras un enfrentamiento airado, los manifestantes rompieron las puertas y tomaron la oficina del primer ministro. El personal de Amnistía Internacional presente en el lugar de la protesta confirmó que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon ráfagas de gas lacrimógeno contra la gente, incluidos niños y niñas y periodistas, y que se veía a algunos de ellos escapar de las plumas tosiendo y escupiendo. Decenas de personas resultaron heridas y, según informes, una murió. En Galle Face, donde tres meses antes se había establecido un lugar de protesta pacífica sobre ruedas durante la agitación prolongada por la crisis económica del país, los helicópteros sobrevolaban a baja altura. Hubo informes de que en otra protesta celebrada ese mismo día cerca del Parlamento más de 80 personas habían resultados heridas y sido ingresadas en el hospital.

A las 3 de la tarde, el primer ministro Ranil Wickremesinghe dio un discurso televisado en el que afirmó que había ordenado a las fuerzas armadas “hacer cuanto fuese necesario para restablecer el orden”. El 14 de julio de 2022, el ejército hizo un comunicado de prensa en el que advirtió de que usaría la fuerza para restablecer la ley y el orden en el país.

Cualquier orden generalizada que autorice al ejército a utilizar la fuerza es problemática, incluso durante un estado de excepción. Las fuerzas armadas no deben participar en el control policial de las reuniones públicas, puesto que están formadas par luchar contra enemigos, no para proteger y controlar a la población civil.

Las fuerzas armadas no deben participar en el control policial de las reuniones públicas, puesto que están formadas par luchar contra enemigos, no para proteger y controlar a la población civil.

Yamini Mishra

Amnistía pide a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que actúen con moderación para evitar que sigan perdiéndose vidas humanas y siga creciendo el número de heridos graves. Sólo podrán utilizar el nivel mínimo de fuerza necesario para controlar una situación cuando sea estrictamente necesario y proporcionado. Incluso en los casos en que algunas partes de las protestas se vuelvan violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben evaluar la situación caso por caso y utilizar la fuerza sólo cuando sea absolutamente necesario y sólo contra quienes ejerzan la violencia. Debe ser estrictamente proporcional a la situación a la que se enfrentan, lo que significa que las autoridades no deben causar más daño del que pretenden evitar.

“En un momento en el que el país se enfrenta a una grave crisis económica y en el que las protestas están aumentando, las autoridades deben tomar medidas integrales para apaciguar la situación y centrar los recursos en garantizar que la población tiene acceso a los bienes y servicios esenciales, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos”, manifestó Yamini Mishra.