Viernes, 16 de mayo, 2025
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) Amnistía Internacional, La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y las organizaciones abajo firmantes acogen con satisfacción las medidas adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa para establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, aunque lamentablemente aún no se han hecho públicos los detalles definitivos sobre el marco jurídico del mecanismo, incluido su estatuto. En este sentido, las organizaciones instan al Consejo de Europa a que publique urgentemente el proyecto de Estatuto del Tribunal para garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil, especialmente de víctimas y sobrevivientes, tanto en la creación del Tribunal como, por supuesto, en sus procedimientos.
La iniciativa de crear un Tribunal Especial se ha visto precipitada por la invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022 y constituye un paso importante para enjuiciar a los responsables del crimen de agresión, hasta los más altos niveles. En su reunión anual, celebrada el 14 de mayo en Luxemburgo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa invitó al secretario general de la organización a dirigir el proceso para el establecimiento del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, que se creará sobre la base de un acuerdo entre el Consejo de Europa y Ucrania.
“El Tribunal supone un importante avance para la comunidad judicial internacional y, en especial, para los millones de personas ucranianas que han sufrido el daño de la agresión rusa”, declaró Oleksandra Matviichuk, vicepresidenta de la FIDH y directora del Centro para las Libertades Civiles. “Sin embargo, para que el Tribunal sea realmente eficaz, no debe convertirse en una entidad lejana y hueca, que esté desconectada de las víctimas ucranianas y les niegue el acceso a los procedimientos.”
Mientras no se publique el proyecto de Estatuto del Tribunal, no es posible realizar comentarios concretos sobre su contenido. No obstante, basándonos en un documento de preguntas y respuestas publicado recientemente por el Consejo de Europa sobre el Tribunal propuesto, se pueden realizar varias observaciones.
La principal observación preliminar es que las organizaciones esperan que el Tribunal tenga capacidad para investigar y enjuiciar a los altos cargos gubernamentales y militares responsables del crimen de agresión, incluidos los jefes de Estado. En este sentido, las organizaciones lamentan profundamente la existencia de “inmunidades personales” que, según el documento de preguntas y repuestas del Consejo de Europa, se concederán a los miembros de la Troika (jefe de Estado, jefe de gobierno y ministro de Asuntos Exteriores). Las organizaciones se oponen firmemente a la existencia de inmunidades personales dentro del marco jurídico del Tribunal. La inmunidad no tiene nada que ver con la responsabilidad individual potencial de una persona, y el mecanismo no puede permitir que tales inmunidades conduzcan a la impunidad al permitir que quienes probablemente tengan la mayor responsabilidad por el crimen de agresión eludan el enjuiciamiento. Las organizaciones hacen un llamamiento a todas las partes interesadas, en particular al Consejo de Europa y a Ucrania, para que modifiquen urgentemente el proyecto de Estatuto del Tribunal con el fin de suprimir la inmunidad personal, que no está reconocida por los tribunales penales internacionales y que cada vez se excluye más de la jurisprudencia y la práctica.
Veronika Velch, directora de Amnistía Internacional Ucrania, ha afirmado: “La creación del Tribunal Especial es un paso adelante para abordar algunas de las numerosas deficiencias en materia de rendición de cuentas que obstaculizan la administración de justicia para la población ucraniana. Debe garantizar que se investigue exhaustivamente el delito de agresión. Sin embargo, inmunidad e impunidad van de la mano. En opinión de Amnistía Internacional, la exigencia de rendición de cuentas al más alto nivel de los dirigentes políticos y militares de Rusia y otros Estados debe ser un objetivo primordial del Tribunal. Por consiguiente, cualquier disposición relativa a la inmunidad que figure actualmente en el proyecto de marco jurídico del Tribunal debe suprimirse con carácter urgente, a riesgo de comprometer la justicia futura para las víctimas de agresión. El Tribunal no debe rehuir la presentación de acusaciones formales contra todos aquellos que ordenaron, planificaron y ejecutaron el crimen de agresión contra el pueblo de Ucrania, incluidos los máximos responsables.
La posibilidad de celebrar juicios in absentia (sin la presencia de la persona acusada) también supone un retroceso con respecto a los tribunales penales internacionales establecidos anteriormente. Aunque, según lo informado, el proyecto de Estatuto del Tribunal Especial garantiza que los acusados tengan derecho a solicitar la reapertura del proceso si no han renunciado previamente a su derecho a comparecer o no han aceptado la sentencia inicial, el Tribunal deberá velar por que todos los juicios celebrados in absentia respeten los derechos de los acusados a un juicio justo, lo que incluye la representación efectiva por un abogado, incluso cuando no comparezcan. En particular, los juicios in absentia pueden afectar a la percepción de objetividad e imparcialidad de los juicios en los que la persona acusada no está presente para defenderse. Por estas razones, el Tribunal debería evitar este tipo de juicios.
También hacemos hincapié en la importancia y la percepción de la imparcialidad y la independencia en todas las investigaciones, enjuiciamientos y resoluciones judiciales, de conformidad con el derecho internacional y las normas aplicables del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“El Tribunal debe garantizar el pleno cumplimiento de las normas internacionales para mantener su credibilidad”, afirmó Kate Vigneswaran, directora de la iniciativa global de rendición de cuentas de la Comisión Internacional de Juristas. “Los casos de agresión deberían ser investigados y juzgados normalmente por la CPI, y los Estados Partes en el Estatuto de Roma deberían ratificar la enmienda de Kampala sobre el crimen de agresión, que garantiza la capacidad de la Corte para hacerlo.”
La Federación Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y las organizaciones abajo firmantes instan a la comunidad internacional, en particular a todos los Estados miembros y observadores del Consejo de Europa, a los miembros del grupo principal y a las organizaciones internacionales, a que agoten todas las vías para investigar y enjuiciar el crimen de agresión en Ucrania. A este fin, la cooperación de todas las partes interesadas será fundamental para que las investigaciones sean eficaces.
Las organizaciones también subrayan que debe establecerse una cooperación eficaz entre el Tribunal, el Registro de Daños del Consejo de Europa y la Comisión de Reclamaciones —una vez se haya creado—, así como con el Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania y la Corte Penal Internacional. Las organizaciones también instan a los Estados a ratificar la Convención de Liubliana-La Haya de Cooperación Internacional en la Investigación y el Enjuiciamiento del Crimen de Genocidio, los Crímenes de Lesa Humanidad, los Crímenes de Guerra y otros Crímenes Internacionales como base para la cooperación con el Tribunal, así como para la cooperación internacional entre los Estados.
El Tribunal Especial debería estar en condiciones, desde el punto de vista jurídico y en términos de capacidad, de investigar y enjuiciar el crimen de agresión contra Ucrania. Sin embargo, aunque la creación del Tribunal es una medida importante, en la coyuntura actual la necesidad de una rendición de cuentas exhaustiva por el crimen de agresión exige que las Naciones Unidas y la comunidad internacional sigan trabajando en pro de una respuesta global y de justicia internacional al crimen de agresión contra Ucrania y otros países. Dicho mecanismo internacional también debería excluir, si se establece bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la posibilidad de cualquier inmunidad para los presuntos autores del crimen de agresión.
Las víctimas de la agresión de Rusia merecen justicia ahora: la paz debe ir acompañada de justicia. Todas las víctimas deben ser escuchadas, y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación deben ocupar un lugar central en todos los debates y medidas que se adopten en el proceso de creación del Tribunal Especial.
Información complementaria
Tras la invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, que dio lugar a violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, la CPI ha dictado órdenes de detención contra seis funcionarios rusos, entre ellos Vladimir Putin, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, la CPI carece actualmente de jurisdicción para enjuiciar el crimen de agresión en Ucrania.
Se espera que el acuerdo por el que se establece el Tribunal Especial sea firmado por el secretario general del Consejo de Europa tras la decisión del Comité de Ministros adoptada el 14 de mayo de 2025. Ucrania solicitó oficialmente al Consejo de Europa la creación de un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión el 14 de mayo de 2025.