Natividad Villarroel: ¿Acaso educar a los jóvenes y defender derechos humanos es un delito?

“Mamá, quédate tranquila, yo no tengo nada que temer ni ocultar así que voy a acompañar a los señores a ver qué es lo que desean”, fue la respuesta que recibió Natividad Villarroel, madre de la defensora de derechos humanos y presa de conciencia, Geraldine Chacón, cuando cinco funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se llevaron engañada a la joven venezolana.

A la 1:30 de la mañana del 1ro de febrero, funcionarios del Sebin tocaron la puerta de la vivienda de ambas, quienes viven en Caracas. La solicitud inicial fue trasladar a Geraldine a la sede del cuerpo de seguridad ubicada en el Helicoide para una supuesta entrevista.

“En ningún momento mencionaron que mi hija iría en calidad de detenida, solo dijeron que era una entrevista y que en una o dos horas la traerían de vuelta”, relata Villarroel, quien este día de las madres cumple casi tres meses y medio sin verla, porque los efectivos no le permiten visitarla.

Película de horror

Villarroel destaca que Geraldine siempre ha tenido como esencia la solidaridad y el deseo de educar a los jóvenes para que mejoren su calidad de vida y rendimiento académico en zonas vulnerables, especialmente en colegios públicos, pero tras conocer el proceder de un sistema corrupto se pregunta: “¿van a meter presos a todos los trabajadores de los colegios por eso, por preparar a los muchachos de educación pública?”.

“Hay muchos niños a quienes Geraldine ayudó a cambiar su vida, porque cuando lees la historia de sus alumnos descubres que son muchachos que a veces iban en la tendencia del mal camino”, enfatiza con orgullo Villarroel, para luego reiterar “¿Acaso ayudar a los jóvenes es un delito?”.

Sobrevivir en el país más violento del mundo, con una emergencia humanitaria compleja que incide directamente en todos los aspectos de la vida, es una proeza que millones de venezolanos realizan día a día, pero además tener a su propia hija detenida arbitrariamente es “una película de terror”.

Para que Geraldine pueda sobrevivir en las cárceles del Helicoide, Villarroel debe enviar 15 litros de agua a la semana, conseguir los medicamentos que puedan mitigar las enfermedades –no tratadas dentro del recinto por la carencia de un servicio médico, pese a que públicamente se afirma su existencia-, así como pedir que le entreguen artículos de higiene personal que cada vez son más costosos por la altísima inflación y la escasez en el país.

Hasta ahora, Villarroel solo obtiene información sobre las condiciones de su hija a través de lo que escucha de otras personas, quienes logran visitar a sus familiares que se encuentran en la misma celda que Geraldine.

Las consecuencias de vivir con la preocupación de no saber el estado real de su hija, de no obtener respuesta por parte de las autoridades y de sufrir tratos inhumanos por parte de algunos funcionarios, se observan en el deterioro del estado de salud de Villarroel, quien a pesar de todo sigue en pie por Geraldine.

“Estoy durmiendo de dos a tres horas al día, se me ha deteriorado la salud por tanto estrés, pero sigo de pie porque quiero que mi hija salga (…) Para nosotras, tener más de 3 meses sin vernos es una tortura”.

Nada la detendrá hasta que esté libre

Recuerda que, el día de la detención de su hija, al bajar del edificio donde viven se encontró con más uniformados, quienes portaban armas largas, esperando por la defensora en otra patrulla.

“La detención fue la madrugada del jueves, la mantuvieron todo el día ahí y el viernes la presentaron en tribunales. En esa audiencia el juez se inhibe y le pasa la causa a otro juez que lo posterga para el lunes, que fue cuando otro tribunal asumió la causa”.

Esta era la primera vez que la madre de la defensora se enfrentaba a un sistema judicial que ha sido calificado como ineficiente, corrupto y abusivo, así como a un cuerpo de seguridad que tiene en sus cárceles a varios presos por motivos políticos.

“En el expediente que levantó el Sebin se dice que investigaron a la fundación en la que mi hija trabajaba como voluntaria y se los califica de ‘desestabilizadores contra el gobierno’, pero ¿de dónde sacaron eso?”.

El día que se realizó la audiencia, el juez impuso una medida cautelar de fiadores y presentación ante las autoridades cada 15 días. En menos de dos días fueron presentadas las dos personas solicitadas por el jurista para actuar como fiadores junto con sus documentos. Sin embargo, un mes después de realizado este trámite no se tenía respuesta sobre su liberación.

Villarroel ha continuado presionando a las autoridades para que cumplan con su labor, llegando a introducir un recurso de Habeas Corpus ante el Tribunal 31 de Control, que dejó en el limbo el destino de Geraldine Chacón por un mes más, hasta que se emitió la primera boleta de excarcelación para ella y Gregory Hinds.

En Venezuela, la ley establece que los ciudadanos cuentan con una Defensoría del Pueblo y una Fiscalía de Derechos Fundamentales para denunciar los casos de violación de derechos humanos, solicitar su investigación y defensa que, a pesar de haber sido informados sobre el caso a través de varios escritos, su respuesta ha sido inexistente.

Villarroel se vio obligada a cambiar su rutina diaria para visitar todos y cada uno de los entes públicos con competencia en la materia, o que pudieran interceder por su hija, para agilizar el proceso judicial. “Nosotros no queremos que las cosas se hagan mal, nosotros queremos que se hagan correctamente”, explica la mamá de la defensora.

En tres meses de injusta detención de su hija ha introducido documentos ante la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Interiores, Justicia y Paz; en los tribunales 31 y 40, así como ante el propio Sebin para exigir la garantía de los derechos humanos de Geraldine y su familia.

“Yo no he podido ver a mi hija. Solo pudo verla su papá cuando se realizó la audiencia porque los funcionarios del tribunal le permitieron el ingreso por ser abogado. Meses después tuvimos un conato de visita el día que se emitió la boleta de excarcelación, pero cuando tenía a Geraldine a pocos metros, me prohibieron el derecho a la visita”.

¿Por encima de la ley?

Casos como el de Geraldine Chacón y Gregory Hinds se suman a los que se han documentado sobre la actuación arbitraria de los cuerpos de seguridad del Estado, en donde parece existir un escalón superior al que ya poseen las leyes venezolanas.

Para Villarroel esto se evidencia en comentarios que ha recibido de parte de algunos funcionarios del Estado, como lo relata al señalar: “el colmo es que un fiscal de derechos fundamentales y funcionarios de la Defensoría del Pueblo me digan a mi que no pueden hacer nada porque el Sebin es un ente que no acata ordenes de otras instancias. Ante eso yo me pregunto ¿qué es el Sebin? ¿Acaso ellos están por encima de la Constitución?”.

Pese a ello, no desmaya en sus esfuerzos y no se da “el lujo”, como ella señala, de paralizarse en medio de esta situación. El objetivo es sacar a su hija del Helicoide. “Este domingo es el Día de la Madre y yo lo único que espero es tener a mi hija en mi casa”.