Miércoles, 29 de agosto, 2018
Buada Blondell , Gabriela

No se puede utilizar la Ley para criminalizar la denuncia o la defensa de derechos humanos, al contrario, los Estados deben apoyar las causas de la sociedad civil para realizar investigaciones diligentes que proporcionen reparación a los familiares de las víctimas de desaparición forzada


La desaparición forzada continúa siendo un problema mundial. En décadas pasadas estos hechos se daban a conocer solo en contextos de dictaduras militares, pero el tiempo pasó y el horror permanece. Actualmente, los casos que denuncia la opinión pública y las organizaciones de la sociedad civil dan fe de que este delito se perpetra constantemente en situaciones complejas de conflicto interno y, en muchas ocasiones, algunos Estados lo practican como método de represión política contra sus oponentes.

La desaparición forzada es un crimen según el derecho internacional que se debe repudiar y denunciar ya que son muchas las personas en el mundo que desaparecen cuando funcionarios gubernamentales deciden atentar contra alguna vida humana que les resulte incómoda o molesta. En ocasiones, estas desapariciones también pueden ser cometidas por actores armados no estatales, como grupos armados.

Un delito de lesa humanidad que se utiliza con frecuencia como estrategia para diseminar el terror dentro de la sociedad. La sensación de inseguridad y temor que genera no se limita a los parientes cercanos de los desaparecidos, también afecta a la sociedad en general. Los familiares de víctimas de desaparición forzada nunca logran recuperarse y las comunidades que avistan un caso de este tipo siguen su vida con miedo y desesperación. Ese estado de angustia hace que surjan preguntas colectivas fundadas por el temor ¿dónde estará?, ¿pueden venir por mi también?

Amnistía Internacional en su informe anual 2017/2018 reflejó que las desapariciones forzadas continúan causando estragos y están amparadas en la impunidad, calificándolas como un problema grave en muchos países y regiones del mundo.

Cicatrices que no se borran

Las personas víctimas de desaparición forzada casi nunca son liberadas y su destino es totalmente desconocido. Muchas de estas personas son torturadas, mueren o viven con la amenaza de ser asesinadas en cualquier momento para borrarlas de la memoria de sus familiares y amigos. Si tienen la suerte de escapar, quedan marcadas por infinitas cicatrices físicas y psicológicas.

Al referirnos al aspecto legal de lo que significa la desaparición forzada podemos citar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que en su artículo 2 dice:

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Por todo esto, resulta preocupante que actualmente este delito siga ocurriendo sin desparpajo alguno. Según datos obtenidos en el informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU en México apenas 25% de los delitos son denunciados y solo el 2% resulta en una sentencia condenatoria de un total de 65.000 casos conocidos por la  Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1995, esto indica que a la falta de esclarecimiento de las desapariciones del pasado se suman día a día nuevas víctimas.

México y los 43 de Ayotzinapa

“Después de cuatro años de continuos fracasos en la investigación del caso, esta decisión representa un avance importante en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzosamente la noche del 26 de septiembre de 2014”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, refiriéndose a la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas, hecha pública el 4 de junio, que reconoció que en México no hay una Fiscalía independiente, y que la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes ha sido profundamente defectuosa y no ha tomado en consideración las líneas de investigación adecuadas.

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos demuestra las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en México ya que ese Estado no cumple los compromisos referidos a la aplicación de los tratados y normas internacionales en relación a las desapariciones forzadas, reflejando la involución en materia de derechos y el regreso de la criminalización de la sociedad civil y de todas las voces que acompañan a los más desfavorecidos.

Venezuela: Alcedo Mora

Más de tres años ha transcurrido desde la desaparición del sindicalista Alcedo Mora y el mismo tiempo desde que se iniciaron las investigaciones. No se sabe nada desde la última vez que fue visto. ¿Dónde está Alcedo Mora?

El líder sindical de organizaciones como PRV-FALN-Ruptura y Tercer Camino fue visto por última vez en las inmediaciones de la Plaza El Llano de la ciudad de Mérida en Venezuela y, según versiones de sus familiares, un día antes de su desaparición envió un mensaje de texto informando que asistiría a una reunión en la población de Jají, municipio Campo Elías de la entidad andina. Hoy distintas ong alzan sus voces junto a la de sus familiares para pedir celeridad en las investigaciones.

No se puede utilizar la Ley para perseguir la denuncia o la defensa de derechos humanos, al contrario, los Estados deben apoyar las causas de la sociedad civil para realizar investigaciones diligentes que proporcionen reparación a los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Es preciso que se renueve el compromiso con las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos para sacar de las sombras de la indiferencia y el olvido a miles de desaparecidos.