Miércoles, 02 de octubre, 2019
Damiano, Daniela

En Venezuela el hambre y la miseria se ha extendido tanto que necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. Esto es responsabilidad concreta de los gobiernos


“La ayuda humanitaria, en primer lugar, tiene que llevarnos a preguntarnos ¿por qué un país rico como Venezuela ha llegado a la situación de solicitar ayuda humanitaria?”, cuestiona el defensor de derechos humanos, Marino Alvarado, al reflexionar sobre la importancia de que en Venezuela se esté ejecutando este tipo de acciones para las personas en condiciones más vulnerables.

Desde hace más de 5 años, las personas en Venezuela han sufrido las consecuencias de un sistema económico en recesión, con altísimas tasas de inflación, con profundas desigualdades sociales, altos niveles de escasez y con cifra de muertes violentas que superan las consideradas como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

El coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) señala que las autoridades venezolanas han llevado a la población a una crisis de tal magnitud, que “el hambre y la miseria se ha extendido tanto que necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. Esto es responsabilidad concreta de los gobiernos”.

Como es responsabilidad de las autoridades, son estos actores los que deben permitir que se realicen las labores de entrega de esta ayuda sin dilación, colaborando con los organismos encargados para el cumplimiento del objetivo último de estas misiones: salvar vidas y hacer un poco más fáciles las condiciones básicas de vida a quienes se encuentran en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.

Sin embargo, para Alvarado la información entorno a este tema no ha sido correctamente manejada por ningún actor político nacional. "Ha habido un manejo equivocado de cuál es el manejo y el alcance de la ayuda humanitaria. Hay que decirlo responsablemente, tanto la oposición como el gobierno han tenido métodos errados para comunicarlo”, lamenta.

Agrega que también ocurren situaciones en las que las personas consideran que esta ayuda humanitaria consiste en recibir bolsas de alimento, como las provistas por el Estado venezolano (a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción), denunciadas por organizaciones de la Sociedad Civil y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como insuficiente y discriminatorio.

Por ello, Alvarado enfatiza en la necesidad de comunicar a las personas que el proceso de recibir ayuda humanitaria es complejo, delicado, que debe ser apoyado para que en su organización pueda verse garantizado el beneficio de las personas que más lo necesiten, que de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas  (ONU), el número de ciudadanos que requieren de este plan se ubica en 7 millones, pero las organizaciones locales lo fijan en al menos 12 a 15 millones.

“Si esa ayuda les llega a dos millones, no sería la mejor cifra, pero no es mala, porque es necesario que llegue. Por eso, hay que garantizar efectividad, transparencia y que les llegue a quien más lo necesita”.

Cooperar para avanzar

En una Venezuela sumergida en una crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cooperar es una necesidad, una forma de unirse para alcanzar los objetivos y salir adelante sea como sea.

Las organizaciones de la Sociedad Civil no son ajenas a esta realidad, de hecho, se nutren y se apoyan entre sí para avanzar en el logro de sus metas y beneficiar así a más personas.

Al respecto, Marino Alvarado señala que “gracias a la cooperación internacional hay OSC y ONG que apoyan a comunidades vulnerables con productos y asistencia de todo tipo”.

“Lo importante es que la cooperación que se reciba o se ofrezca se realice de forma transparente y con fines lícitos. Las organizaciones de derechos humanos recibimos cooperación internacional y, en el caso de Provea, publicamos quiénes son nuestros cooperantes”, agrega.

Sin embargo, algunos actores políticos en Venezuela han utilizado este tema para amenazar su subsistencia y obstaculizar la labor que realizan los defensores de derechos humanos y los activistas.

“Siempre ha habido amenazas de que bloquearán a las ONG la cooperación internacional, pero esas agresiones siempre han ocurrido en todo el mundo, no es un tema exclusivo para Venezuela”.

Por ello, Alvarado asegura que impedir el acceso a la cooperación internacional no detendrá el trabajo de organizaciones como Provea, ya que “con mucha seguridad seguiremos ayudando a las personas en Venezuela”.