La potabilización del agua fue otro de los estudios que hizo el Observatorio. 40% de los encuestados afirmó que la hierve; 28% compra agua embotellada y 19% usa filtro. Tan solo 4% usa cloro o pastillas purificadoras para potabilizar.

Los servicios en Venezuela

Los apagones siguen siendo un dolor de cabeza para la población y el sufrimiento para los zulianos ya que las altas temperaturas que se registran en la región han obligado a las personas, incluidos niños y adultos mayores, a dormir fuera de sus hogares; los mosquitos y la inseguridad son las principales amenazas en las noches.

Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los apagones, informó que desde enero hasta el mes de octubre se registraron 71.450 fallas eléctricas en toda la nación, siendo el estado Zulia el más afectado porque ha tenido 32.731 interrupciones solo en 2019.

“Son los reportes que nos llegan de cada estado lo que evidencia las fallas en el sistema eléctrico de cada región y allí se palpa que en el caso del Zulia la generación está en el suelo”, enfatizó López para la revista “Zulia Castigada”.  

50% de los consultados por el OVSP señaló que sufre fallas de energía todos los días de la semana, y 26% de estos se ve afectado varias veces al día. Maracaibo y San Cristóbal son las ciudades donde peor evalúan el servicio de energía eléctrica, pues solo 11% tiene una opinión favorable acerca del suministro por la empresa estatal Corpoelec.

Tan solo 26% de la población recibe bombonas de gas una o dos veces al mes, mientras que 44,6% no cuenta con el servicio. Casi tres de cada cuatro hogares (72,3%) tiene que cancelar desde 3000 hasta más de 20.000 bolívares para adquirir una bombona y 8% lo hace en moneda extranjera. El gas doméstico también ha desaparecido en muchas localidades del Estado Bolívar. Habitantes denuncian constantemente que tienen meses sin el servicio, hecho que les lleva a cocinar a leña. Otros manifiestan que llega de manera irregular a sus hogares y que recargar una bombona a precio regulado en casi imposible. Por ello, las protestas por la normalización del servicio se multiplican en varios sectores.

Sobre las consecuencias que acarrean las deficiencias en los servicios básicos, Julio Cubas, presidente del OVSP, indicó que “el 43% de las personas cambian los tipos de alimentos que consumen por falla de agua, 70% modifica su rutina por fallas eléctricas y 53% varía su forma de cocinar las viandas por falla en la recepción de la bombona de gas”.

Las fallas en Internet fijo (56,7%) y telefonía móvil (49,7%) son más frecuentes en la ciudad de Maracaibo. Según el OVSP, solo 40,5% de los hogares venezolanos cuenta con Internet fijo y 39,2 % de los habitantes de siete grandes ciudades incluidas en la muestra no tiene acceso a teléfonos inteligentes.

La salud es un sueño inalcanzable

Entre las enfermedades asociadas a la falla del servicio eléctrico, el OVSP obtuvo información a través de sus encuestas que un 22,6% se enferma por recibir el agua por corriente y 76,3% no. Sin embargo, los mismos datos determinaron que ese número de personas presentaban padecimientos como: diarrea, escabiosis, dermatológicas, estomacales, hepatitis y amebiasis.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW), detalló por medio de un estudio, liderado por la doctora Kathleen Page, que la escasez de medicamentos, interrupciones a los servicios básicos en los centros y la migración de trabajadores de la salud llevó a una disminución progresiva de la capacidad operativa del sector sanitario. Reporte que se llevó a cabo después del apagón nacional.

Según la Coalición de la Organización por el Derecho a la Salud y a la Vida (CODEVIDA) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), más del 60% de la población acude a los centros de la salud pública y de la seguridad social, mientras que 8.000.000 de funcionarios recurre al sistema privado de atención médica que es pagado con recursos del Estado.

Representantes del sector salud han denunciado que en los últimos meses se ha presentado en Ciudad Guayana una epidemia de amebiasis y hepatitis A, cuya población más afectada es la de edad preescolar y escolar. Estas enfermedades están relacionadas al consumo de alimentos o aguas contaminadas.

La crisis de salud ha sido denunciada desde mediados de 2015 por las distintas organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, esta no ha sido atendida ni reconocida en su totalidad ya que el Ministerio de Salud dejó de revelar las estadísticas esenciales de la salud pública en Venezuela desde hace más de 5 años.

Represión en las demandas

De acuerdo con los análisis de las ONG, los mayores indicios de estas exigencias estuvieron enlazadas con el acceso a servicios públicos –luz, agua, gas y transporte, telefonía-, educación, salud y alimentación. Entre los estados con dígitos de demandas están: Amazonas (14), Anzoátegui (54), Apure (2), Aragua (56), Barinas (33), Bolívar (72), Carabobo (73), Cojedes (35), Delta Amacuro (7), Distrito Capital (94), Falcón (54), Guárico (47), Lara (69), Mérida (190), Miranda (93), Monagas (46), Nueva Esparta (49), Portuguesa (49), Sucre (138), Táchira (147), Trujillo (93), Vargas (11), Yaracuy (56) y Zulia (56)

El informe semestral del OVCS también reportó que 61 personas fueron asesinadas durante las manifestaciones por falta de acceso a los servicios. Una cifra impactante ya que esto representa un incremento de 97% en comparación con el mismo período de 2018, cuando se registraron 5.315 manifestaciones. También dejó por sentado que se profundiza la crisis humanitaria en el país.

Panorama 2020

Los medios de comunicación y testimonios recopilados para el seriado de revistas de Amnistía Internacional Venezuela Zulia Castigada [3] , Bolívar Arrasado [4] y la edición especial, recientemente publicada Táchira y Mérida en Riesgo [5] mostraron la grave vulneración de derechos a causa de la Emergencia Humanitaria Completa, la ausencia del acceso a los servicios de manera profundizada y diferenciada en las regiones del país y las movilizaciones en rechazo a la violación de los derechos económicos, sociales y ambientales. Un panorama que se vislumbra preocupante para el 2020 ya que mientras estos problemas no sean resueltos, continuará la exigibilidad de la ciudadanía.

Las desigualdades se profundizan y en el último mes del año el panorama refleja grandes barreras que superar en el 2020 en materia de derechos humanos, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a atención médica básica.

El éxodo masivo de quienes huyen para salvar sus vidas representa la mayor crisis migratoria de la historia reciente de América Latina. La mayoría de las personas que migraron de manera forzada en años anteriores continúan en situación irregular, y eso dificulta significativamente su posibilidad de obtener permisos de trabajo, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a servicios. Esto los vuelve más vulnerables a la explotación y el abuso. Urge soluciones articuladas desde el Estado venezolano con los países receptores para atender y respetar los derechos humanos de los venezolanos y evitar las muertes previsibles que continúan en acenso.

[1] ^{OVSP: Conflictividad Social en Venezuela durante el primer semestre 2019 https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/10-477-protestas-registradas-en-el-primer-semestre   15.07.19}

[2] ^{OVSP: Informe Anual de Violencia 2019 https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2019/ 27.12.19}

[3] ^{Amnistía Internacional Venezuela: Zulia Castigada https://issuu.com/amnistia/docs/digital_zulia_castigada__vidas_en_o  21.05.19}

[4] ^{Amnistía Internacional Venezuela: Bolívar Arrasado https://issuu.com/amnistia/docs/digital_bolivar_rgb_final_11 26.08.19}

[5] ^{Amnistía Internacional Venezuela: Táchira y Mérida en Riesgo  https://issuu.com/amnistia/docs/tachira_y_merida  27.12.19}

^{Foto: Sergio Gonzá lez}