Jueves, 02 de septiembre, 2021

“Vivo de la caridad del Gobierno que con el mísero aporte que nos da con las pensiones solo puedo comprar mi pastilla para la tensión, pero muchas veces no tengo como tomármela porque en el sector donde vivo, el agua llega una vez cada 30 días”, contó una habitante del estado Anzoátegui 


Con una población que supera los dos millones de habitantes distribuidos entre 21 municipios, con la inclusión del Complejo Petrolero más importante de Latinoamérica y con cuatro imponentes plantas potabilizadoras que deberían garantizar el abastecimiento para toda la población, hoy el estado Anzoátegui está sumido en la angustia por no tener acceso con regularidad a los servicios públicos.

Muchos como Antolina Coa, sienten que han perdido la batalla ante los continuos ataques que enfrentan para tener una vida digna en la región. Ella cuenta que en el transcurso de sus 67 años de edad no ha padecido tanto como en los últimos 20 años de su vida.

“Vivo de la caridad del Gobierno que con el mísero aporte que nos da con las pensiones solo puedo comprar mi pastilla para la tensión, pero muchas veces no tengo como tomármela porque en el sector donde vivo, el agua llega una vez cada 30 días”, contó. La delgadez de su piel y sus desgastadas manos son el reflejo de las necesidades que ha tenido que atravesar desde que fue arropada por la crisis compleja, económica y social en Venezuela, pero que ha tenido que soportar por considerar que no tiene otra opción.

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Antolina camina 16 cuadras a diario para llegar a la calle principal del sector Pozuelos en Puerto La Cruz, lugar donde habita, y así poder llenar un balde de agua que carga con dificultad de regreso al hogar en el que reside junto a su nieta de seis años de edad. Su hija tuvo que migrar a otro país en la búsqueda de una mejor calidad de vida y con la intención de garantizarles la alimentación diaria.

“Se me han muerto dos nietos por desnutrición. La primera era una niña bella que tenía una condición motora, pero que cuidaba como a mi vida, no soportó más el hambre y falleció. El segundo fue un bebé de cuatro meses a quien alimentamos con lo poco que conseguíamos, pero necesitaba lactancia materna y su mamá nunca produjo leche. Es muy doloroso todo esto”, relató.

La cansada abuela ha tenido que cocinar a leña porque hace tres meses no ha podido comprar una bombona de gas, ya que se han tardado en la distribución autorizada por los Consejos Comunales y no cuenta con los tres dólares que cobran los revendedores por un cilindro lleno.

El balde de agua lo distribuye para bañar a su nieta, cocinar y lavarse las manos. Visiblemente afectada asegura que muchas veces evita bañarse para poder hervir agua, y garantizar de esta manera la hidratación de la pequeña, quien dejó de estudiar por no tener uniforme y ahora por no contar con un equipo celular e internet para recibir las actividades diarias y enviar a las docentes.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 28 de julio de 2010 una resolución en la que se establece que el acceso a fuentes de agua potable y segura, son un derecho humano fundamental para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos, pero el Estado venezolano no ha procurado garantizar los servicios públicos que cada vez son más precarios en el país.

El presidente de la fundación Agua para Todos en el estado Anzoátegui, Rodolfo Gil, cuenta que el suministro de agua potable está en riesgo debido a la falta de inspección, organización e inversión, lo que ha debilitado el servicio a tal punto de secar las tuberías en 80% de las comunidades de la entidad.

“La zona norte del estado cuenta con dos plantas potabilizadoras que hoy no son suficientes para garantizar el abastecimiento a la población, pues ellas se surten del canal de Caratal, ubicado en la zona rural del municipio Sotillo, pero que actualmente está contaminado con un sinfín de botes de aguas negras que recorren el caudal con libertad y sin ningún tipo de restricciones”. Gil ha denunciado en distintas oportunidades el grado de contaminación que existe en el canal de agua del que se surten habitantes de los municipios Bolívar, Sotillo, Guanta y Urbaneja, pero hasta ahora sus propuestas y denuncias no han sido tomadas en cuenta.

Ante esta situación el ingeniero civil y expresidente de la Hidrológica del Caribe, Glen Sardí, explicó que la razón por la que en el estado Anzoátegui se desvanece el servicio de agua potable es porque no cuentan con químico suficiente para potabilizar el agua, adicional a la falta de inversión que ha necesitado el canal de Caratal y redes anexas para ampliar la capacidad de distribución en la entidad.

Alzaron la voz

En el estado Anzoátegui se han contabilizado cientos de protestas en comunidades donde exigen el restablecimiento del servicio de agua potable, denuncian los continuos cortes eléctricos y claman por la distribución equitativa y oportuna de los cilindros de gas doméstico y la mayoría de las manifestaciones se han registrado en las zonas Norte y Sur de la entidad, donde existe mayor cantidad poblacional.

En los últimos meses las acciones de calle se han incrementado en la entidad, pues más de 60 comunidades piden a gritos que les garanticen agua potable para poder cumplir con el protocolo sanitario y evitar de esta manera la propagación y contagio de Covid-19, sin embargo, las direcciones municipales no han podido garantizarlo ni con camiones cisternas porque no cuentan con suficiente combustible para ello.

René Salazar vive en la población de Clarines, zona oeste del estado Anzoátegui, y revela que hace 14 meses no llega el agua por tuberías al sector Barrio Obrero de Bruzual, donde más de 230 familias tienen que surtirse de una laguna estancada en la cual también viven animales que hacen sus necesidades, comen y duermen sobre el agua y a orillas de este lugar.

“Yo tengo una carretilla y allí puedo cargar algunas pimpinas de agua, pero muchísimas personas deben hacer hasta cuatros viajes a la laguna al día para poder abastecerse y cubrir por lo menos con las necesidades básicas en sus hogares”, indicó. La crisis se acentúa cuando la falla en el suministro de agua potable se ve acompañada con continuos cortes eléctricos, los cuales no cuentan con anuncios programados ni lapso estimado de duración. En algunas comunidades, el servicio eléctrico se ha ausentado por más de tres días consecutivos.

 Tal es el caso del sector Colinas de Neverí y la Fundación en Barcelona, donde más de 2.000 mil familias han reportado falta de agua y de luz al mismo tiempo, lo que obliga a algunos a improvisar fogatas que también utilizan para espantar a los mosquitos transmisores del paludismo, casos que no han desaparecido en la entidad en tiempos de pandemia.

Paralizados

La falta de combustible es uno de los detonantes que ha paralizado la movilización en el estado Anzoátegui, donde según reveló el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv), Eudis Girot, siempre se ha mantenido una mínima producción de combustible, pero a este no ha tenido acceso la población.

“En la empresa Súper Octanos manejan a su antojo la mayor cantidad de gasolina que se produce en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui. Allí se producen cinco mil barriles de combustible a diario, los cuales podrían garantizar el abastecimiento progresivo de la población, pero está en control de los gerentes que manejan la mafia dentro de la estatal petrolera”, indicó.

En febrero del 2020 las 63 estaciones de gasolina del estado Anzoátegui fueron cerrando progresivamente y en marzo la suspensión fue total, el manejo de la distribución a través de los mal llamados sectores priorizados lo ha asumido el recién creado Órgano de Dirección para la Defensa Integral en la entidad (ODDI), quienes lo controlan como premio o castigo para los ciudadanos complacientes o afectos a la administración actual.

La escasez de combustible ha generado fallas en el sistema de transporte público y hasta la muerte de personas con enfermedades renales que tenían la necesidad de desplazarse para recibir atención médica, sin embargo, no han tenido prioridad en las pocas estaciones de gasolinas habilitadas.

Colapso anunciado

El artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, pero en la actualidad, esto no se cumple. En Anzoátegui el sistema de salud ha colapsado y los médicos del Hospital Luis Razetti de Barcelona lo habían advertido. Pero no fue sino hasta que comenzaron a aumentar los contagios por Covid-19 que la autoridad regional reveló la falta de insumos médicos y ahora equipos de bioseguridad que necesitan los galenos en tiempos de pandemia.

El principal centro asistencial del estado atiende a 10.600 pacientes aproximadamente cada mes, según lo explica la directora, Tibisay Triana, quien en distintas oportunidades ha revelado la falta de insumos médicos y el deterioro de algunas áreas por falta de mantenimiento, pero sus súplicas tampoco han sido escuchadas. Los médicos y especialistas han sido vistos caminar desde sus hogares hasta los centros asistenciales para garantizar la atención a sus pacientes, esto por falta de gasolina y por no contar con un salario digno que les permita la movilización en los vehículos de transporte público.

Con la llegada de la pandemia la crisis se agudizó y con ella se elevó la cifra de muertes de médicos por contagio de Covid-19 en la entidad. Hasta junio de 2021, al menos 40 profesionales de la salud fallecieron por la afección en el estado Anzoátegui.

Tras el incremento de muertes, la indignación ha crecido entre los especialistas del Hospital Centinela Luis Razetti de Barcelona, donde algunos como el presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del centro asistencial, el traumatólogo Oscar Navas, han revelado las condiciones en las que ejercen su labor. No contamos con alimentos en nuestras guardias, no tenemos agua en algunas oportunidades, los baños están insalubres por falta de personal de aseo y tenemos que dormir en el piso o sobre colchones insalubres”, reveló. Y así se han sumado malestares, humillaciones y condiciones laborales de riesgo para los más de 6.000 médicos que ejercen en la entidad, razón por la que algunos se han agrupado para obtener alimentos, medicamentos, equipos de bioseguridad y hasta productos de aseo para el hospital al que asiste la mayoría de los habitantes de la entidad. “Tuvimos que contar con nuestros propios recursos y apelar a la solidaridad de los anzoatiguenses para poder suplir algunas de las fallas que nos aquejan y que ponen en riesgo nuestras vidas a diario.

Es muy poco lo que llega al estado para garantizar la vida de nuestros pacientes y la integridad física de nuestros colegas”, destacó. Es urgente que las autoridades tomen medidas inmediatas a la situación que se vive en el estado Anzoátegui. Desde el acceso a los servicios públicos como al agua y saneamiento son indispensables para sobrevivir a la emergencia humanitaria compleja y a la pandemia.

 

Por Giovanna Pellicani