Amnistía Internacional Venezuela junto a más de 15 organizaciones en Caracas, Bogotá y Madrid, reunió a más de 30 expertos para abordar la crisis institucional y proponer soluciones a corto y mediano plazo. Durante los encuentros se denunciaron las graves violaciones a la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias y la precarización del derecho a una vida digna en el país

En el marco de los esfuerzos continuos por la promoción y defensa de la dignidad humana, Amnistía Internacional Venezuela, en alianza estratégica con más de 15 organizaciones de la sociedad civil, llevó a cabo la Jornada de Derechos Humanos. Este encuentro de alto nivel tuvo lugar los días 18 y 19, en Caracas, Venezuela.

Esta Jornada surgió desde la necesidad de dar visibilidad a las voces de la sociedad civil y, por tanto, reunió a más de 30 expertos académicos, defensores de derechos humanos y titulares de derechos, con el objetivo de proponer medidas y políticas públicas a corto y mediano plazo por los derechos humanos de millones de venezolanos, dentro y fuera del país.

Los paneles de discusión se centraron en la identificación de condiciones necesarias para el avance de las libertades civiles, la vigencia plena de la seguridad jurídica y el establecimiento de mecanismos que aseguren la no repetición de abusos al derecho internacional.

El acto de instalación contó con la presencia de Erika Guevara, directora senior de Amnesty International, quien destacó la importancia de este espacio para el movimiento organizado:

“El trabajo por visibilizar y exigir el respeto de los derechos humanos en Venezuela no ha sido en vano, porque nos acerca a la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Gracias a las defensoras y defensores y víctimas que están en esta Jornada por su compromiso y valentía”.

La jornada contó con seis paneles en Caracas y otros dos en Bogotá y Madrid, los cuales abordaron los pilares de la crisis de derechos humanos y las posibles soluciones.

Libertad de expresión y el ecosistema de medios

Durante la jornada en Caracas, se inició con un análisis crítico sobre la libertad de expresión, el ecosistema de medios y los desafíos que imponen la censura y las restricciones al acceso a la información pública.

Al respecto, Gabriela Buada, directora de Caleidoscopio Humano destacó la magnitud del problema en las últimas décadas: “En los últimos 20 años se han cerrado al menos 400 medios de comunicación en Venezuela. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la libertad de expresión han hecho un trabajo vital de sistematización y acompañamiento a los profesionales de la comunicación atacados”.

Por su parte, Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, denunció el entorno de persecución que viven los trabajadores de la prensa: “Hoy todavía hay 7 periodistas con medidas cautelares, exigimos su libertad sin condiciones. En Venezuela existe un cerco estatal donde se estigmatiza al periodista y se cierran medios. 2000 periodistas han tenido que exiliarse por miedo”.

Para cerrar las perspectivas de este bloque, Marco Ruíz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, enfatizó la necesidad de reformas estructurales: “Trabajamos por la restitución de las garantías de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información. Sigue vigente un aparato restrictivo, existe discriminación para que periodistas accedan a la información oficial. Durante coberturas se siguen presentando robos y decomiso de equipos”.

Libertad personal y garantías procesales

Seguidamente, el debate se centró en la libertad personal. Este panel abordó la inseguridad jurídica en Venezuela por las vulneraciones a los derechos y garantías relacionadas con la libertad personal, poniendo en evidencia la situación de las personas procesadas por motivos políticos, los casos límites de detención arbitraria como menores de edad, adultos mayores, personas que requieren medidas humanitarias, desaparecidas, muertes en custodia y argumentos similares que apoyaron la liberación de todos los presos políticos.

La abogada y penalista Magaly Vásquez alertó sobre las irregularidades en los procesos judiciales vigentes: “Se ha criminalizado el derecho a la asociación y a la protesta pacífica. En Venezuela primero se detiene y luego se investiga. Es muy grave la falta de autonomía de jueces y fiscales”.

Asimismo, Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, colocó el foco sobre los obstáculos que enfrentan los ciudadanos para obtener una defensa justa: “Es necesario rescatar el derecho a las personas detenidas a escoger quién las defienda. Los defensores son percibidos por el poder como enemigos, lo que hace que las víctimas se abstengan de buscar ayuda”.

Derechos de la diáspora venezolana

La agenda también dio voz a los derechos de la diáspora, para dar visibilidad a las exigencias de la sociedad civil sobre los desafíos para la protección ante la discriminación, garantías y avances en derechos de las personas venezolanas residenciadas en otros países en cuanto a acceso a la identificación, prevención de apatridia, servicios consulares, derecho a participación, a ser elector, ser representado y elegible.

El politólogo Ismael Pérez expuso la enorme brecha en materia de derechos políticos transfronterizos: “Hay millones de personas venezolanas en el exterior, pero solo unos 107 mil están inscritos para votar. Existe otro grupo de personas que ya cumplió la mayoría de edad, pero siguen sin poder inscribirse para sufragar”.

En cuanto a la situación legal en los países receptores, Carlos Carrasco de ININCOUCV acotó: “A pesar de que existen cambios positivos importantes en los países de acogida, existen retos que aún debemos reflexionar. En Chile, por ejemplo, se debate una ley de denuncia contra personas que ingresan de forma irregular”.

Las trabas de identidad y documentación fueron abordadas por los investigadores del Centro de Derechos Humanos de la UCAB. Carlos Rodríguez del Centro de Derechos Humanos UCAB señaló que “los problemas de identidad para los venezolanos comienzan en el Estado. Hace unos años acceder a la plataforma del SAIME era casi imposible. El pasaporte venezolano es uno de los más costosos del mundo”. En sintonía, Marysabel Rodríguez del Centro de Derechos Humanos UCAB y Espacio Público) añadió: “Hay limitaciones con el acceso al pasaporte, como anulación arbitraria que responde a discriminación política y dinámicas de extorsión. En algunos Estados receptores no se reconoce la personalidad jurídica y regularización”.

Derecho a una vida digna

El primer día de la jornada finalizó con el panel del derecho a una vida digna, el cual visibilizó las prácticas autoritarias que han afectado las condiciones de vida de la población, los derechos sindicales y la participación de la sociedad civil en el monitoreo y mitigación del impacto de las medidas y las distorsiones económicas, evidenciadas en la inflación, devaluación, desprotección social y esclavitud moderna.

Para abrir el debate, Oscar Murillo, directo de Provea, recordó el marco base para la solución de la crisis: “Solo a través del respeto a la constitución podemos garantizar los derechos humanos en Venezuela”.

Por su parte, José Patines, Miembro de la Coalición Sindical Nacional, denunció la cruda realidad económica del sector laboral: “Después de 4 meses bajo el tutelaje de EEUU, los trabajadores en Venezuela siguen ganando 130 bolívares como salario mínimo. Hoy en el 2026, el trabajador perdió la capacidad de darle a sus hijos educación y salud de calidad”.

La crisis de los servicios públicos y de salud también fue denunciada con contundencia. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas afirmó: “El derecho a una vida digna referido en el artículo 43 de la Constitución se encuentra vulnerado en general. El personal de salud está tan precarizado que deben priorizar comer o comprar medicinas. Los trabajadores siguen en emergencia humanitaria compleja”. Finalmente, José David González del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, expuso la vulnerabilidad de las regiones fronterizas e indígenas: “Los servicios básicos y la ausencia de políticas públicas vulneran gravemente los derechos de las comunidades indígenas. Muchas veces no hay electricidad durante 3 y 4 días en la Guajira. Los hospitales de la región no tienen insumos”.

Sesiones del 19 de mayo

Durante el segundo día, las sesiones profundizaron en la seguridad desde una doble perspectiva: nacional e internacional.

Dimensión nacional de la seguridad jurídica

El quinto panel examinó la dimensión nacional de la seguridad, considerando los desafíos para la reinstitucionalización mediante medidas como la derogación de leyes represivas, la plena restitución del derecho a la defensa, de las salvaguardas procesales, el habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio y otras garantías fundamentales para detener el ejercicio arbitrario del poder.

Marianna Romero, directora del Centro de Defensores y la Justicia, destacó la trascendencia de esta discusión: “Hablar de seguridad jurídica es crucial para generar respuestas efectivas para cambios enfocados en justicia transicional y perspectiva de derechos que necesita el país”.

Asimismo, la abogada y profesora universitaria Tamara Bechar recordó los límites esenciales del Estado: “El Proceso Penal es necesario para darle consistencia al derecho penal y al debido proceso, lo que significa que el Estado debe tener límites para asegurarle al ciudadano justicia”.

Por su parte, enfocándose en las poblaciones vulnerables, Carlos Trapani, director de Cecodap explicó: “La seguridad jurídica para la niñez implica recuperar la protección integral para NNA. El Estado tiene el deber de escucharles, protegerles y atenderles a tiempo. El Estado debe garantizar la reparación y las garantías de no repetición”. Para concluir el bloque, Alí Daniels, director de Acceso a Justicia, invitó a evaluar las secuelas institucionales a largo plazo: “Se debe reconocer el daño antropológico de la sociedad venezolana durante los últimos 27 años gracias al autoritarismo. La manifestación de la opresión y el no cumplimiento de las leyes no debemos normalizarlo”.

Seguridad jurídica en su dimensión multilateral y pactos internacionales

En este panel, expertas y expertos exploraron la compleja interacción entre el sistema de justicia venezolano y los organismos internacionales de protección mediante el cumplimiento de Pactos Internacionales, evaluando la cooperación con el sistema universal, la Misión de Determinación de Hechos, el retorno a la jurisdicción de la Corte IDH y la atención a las recomendaciones de relatores y comisiones.

Marino Alvarado de Provea recordó la importancia de las instancias de investigación activas: “La Misión de Determinación de Hechos es un mecanismo del Consejo de derechos humanos que desde 2019 tiene como mandato investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes e investigar y señalar a los presuntos responsables en Venezuela”.

En ese sentido, Carlos Lusverti, director del Centro de Derechos Humanos UCAB, apuntó las obligaciones legales del país: “La Oficina del Alto Comisionado de dere4chos humanos tiene el deber de promover el respeto de los derechos internacionalmente. Venezuela al ser parte de la carta de Naciones Unidas tiene el deber de cooperar y trabajar articuladamente para el cumplimiento y garantía de derechos”.

El histórico papel de la documentación también fue puesto en valor por Ronnie Boquier de COFAVIC: “La sociedad civil se ha mantenido en el acompañamiento de las víctimas, en la documentación y la denuncia ante la Comisión Interamericana de derechos humanos. Este sistema tiene 30 sentencias que evidencian las violaciones en Venezuela”.

Finalmente, la profesora Tamara Bechar abordó los mecanismos globales de justicia penal internacional: “La CPI tiene tres mandatos fundamentales: acabar con la impunidad, evitar crímenes y reparación de las víctimas. La fiscalía recibió denuncias y abrió la investigación Situación Venezuela I que busca determinar los responsables de la comisión eventual de los crímenes de lesa humanidad”.

Alcance internacional: Bogotá y Madrid

Además del encuentro en Caracas, la Jornada de Derechos Humanos extendió su alcance mediante eventos presenciales en Madrid y Bogotá, diseñados para conectar con la diáspora venezolana y aliados internacionales.

El ciclo de actividades inició el 21 de mayo en la capital colombiana con el Panel "Derechos sin Territorio": El ejercicio de la Ciudadanía desde la diáspora venezolana, el cual ofreció un análisis técnico sobre la apatridia, la protección internacional y los marcos jurídicos que afectan a los migrantes en la región latinoamericana.

Durante este bloque en Bogotá, Lublanc Prieto de Refugiados Unidos detalló la gravedad de la situación documental: “El acceso a documentos de identidad es una de las principales barreras que enfrenta la comunidad venezolana en Colombia. Esto impide el disfrute de derechos y hace más difícil la solicitud de refugio”. Asimismo, enfatizó la responsabilidad institucional agregando que “el Estado venezolano debe reconocer que las personas, a pesar de estar fuera del país, son ciudadanos que necesitan protección a sus derechos y necesitan acceder fácilmente a sus documentos de identidad”.

Por su parte, César González de Plan País denunció las consecuencias del colapso administrativo: “Conseguir o actualizar documentos de identidad para las personas venezolanas que viven en Colombia es muy difícil por las trabas o deficiencias de las mismas instituciones. Esto genera que las personas se encuentren en un limbo jurídico y deban pagar gestorías muy costosas”. Ante esto, propuso una ruta de acción clara: “El Estado venezolano y colombiano deben trabajar coordinadamente para garantizar los derechos a la comunidad venezolana en el exterior. Modernizar los portales tecnológicos y mejorar los canales de comunicación es vital”.

Finalmente, Nastassja Rojas de Amnistía Internacional Venezuela visibilizó el impacto diferenciado que esta crisis tiene sobre las infancias: “Venezuela es uno de los pocos países que no permite obtener cédulas o DNI fuera de su territorio, lo que dificulta que las personas venezolanas en Colombia puedan tramitar otros documentos y acceder a servicios. Esta situación afecta especialmente a niños y niñas menores de 7 años”.

Por su parte, el encuentro de Madrid se celebró en alianza con personas defensoras de derechos humanos en el exilio y contó con el apoyo fundamental de la Embajada de Canadá en España, con el objetivo de definir una ruta propositiva y de exigibilidad institucional enfocada en la responsabilidad directa que el Estado venezolano mantiene con sus ciudadanos en el extranjero.

El espacio abordó de manera prioritaria la urgencia de reformar estructuralmente el Registro Electoral en el exterior para garantizar los derechos políticos, así como la creación de planes con plenas garantías de seguridad jurídica que mitiguen el miedo y la persecución transnacional para asegurar un retorno seguro. De igual forma, las líneas de acción exigieron la superación de trabas administrativas mediante la optimización consular, la digitalización del sistema de apostilla y la homologación de títulos universitarios, concluyendo con una firme demanda para reactivar de forma coordinada con los países receptores un plan nacional contra la trata de personas que proteja a los migrantes vulnerables frente al auge de las redes de captación globales.

Con esta iniciativa, Amnistía Internacional Venezuela reafirmó su compromiso de generar espacios de diálogo técnico para identificar soluciones a corto y mediano plazo para el avance de las libertades en el país, consolidando un exitoso proceso de construcción de propuestas en favor de la vigencia plena de los derechos humanos junto a la sociedad civil organizada.