¡Ni una persona defensora más asesinada!

“Necesitamos irnos. Nos van a matar”.

“Ayer atacaron a mi hija. Como no me encontraron, le gritaron que me tenía que desaparecer”.

“Soy el siguiente, los rumores son más que eso”.

Estas frases no vienen de una película de ficción. Son los testimonios que cotidianamente recibimos en Amnistía Internacional desde Colombia, uno de los países más peligrosos para la defensa de derechos humanos en todo el mundo.

Desde la toma de posesión del presidente Iván Duque, el número de denuncias de amenazas y ataques que estas personas reportan a nuestra organización se ha incrementado exponencialmente. La situación es tan grave que, en su reciente visita, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos declaró que “el temor que había percibido en las reuniones con personas defensoras […] lo había horrorizado y consternado”.

Personas defensoras indígenas, afrodescendientes, campesinas, ambientalistas, mujeres y quienes ejercen liderazgos comunitarios están en una carrera contra la muerte, debido a la violencia que se propaga sin freno por todos los rincones del país. Temen por sus vidas y las de sus familias porque han visto como se ha extinguido a tiros la vida de sus colegas y de integrantes de sus familias, porque han visto que a funcionarios encargados de la restitución de tierras los amenazan y vetan de entrar a territorios, porque han visto con impotencia como un chaleco antibalas -una de las medidas que el estado otorga en unos cuantos casos, - no garantiza el no ser asesinadas.

Estas personas son atacadas por atreverse a reclamar derechos y exigir del estado rendición de cuentas y justicia; por pedir lo que es correcto, que les restituyan la tierra arrebatada en el conflicto armado, porque se oponen a intereses extractivos, por denunciar las consecuencias medioambientales de megaproyectos, porque piden que les dejen vivir en paz en sus territorios ancestrales o porque claman justicia para sus seres queridos muertos y desaparecidos.

Colombia es un país con una vasta legislación de protección a quienes defienden derechos y tiene gran cantidad de instituciones que deberían estar involucradas en proteger efectivamente a estas personas. El propio presidente Duque firmó un decreto con un plan de protección a personas defensoras el pasado 19 de noviembre.

Todos estos “avances” institucionales y legislativos se han convertido en promesas de papel, sin ningún impacto real en la vida de las personas defensoras. Hoy día se necesita la voluntad política del gobierno del presidente Duque para atender la epidemia de asesinatos y ataques a personas defensoras y brindar una verdadera protección efectiva en los territorios y zonas más afectadas por el conflicto y esta violencia despiadada en su contra. El primer paso para una protección efectiva es escuchar y aprender de las propias comunidades, finalmente ellas tienen la experiencia de más de cinco décadas de resistencia contra los trágicos efectos del conflicto.

Las comunidades enfrentan la violencia solas, y sus personas defensoras están estigmatizadas, mientras que actores armados de diverso tipo se reorganizan y se apropian de sus territorios. El presidente tiene que garantizar que las entidades del Ejecutivo jueguen como un solo equipo para proteger a las personas que están en riesgo. Es la responsabilidad del gobierno de Duque que las víctimas de esta violencia no tengan que hacer un “paseo de la muerte” donde las entidades nacionales y territoriales las remiten de un lado a otro, pidiéndoles papeles que no tienen o ya entregaron en otra parte. El reconocimiento a la inmensa labor que realizan estas personas por el país se debe de convertir en política pública, y combatir con todos los esfuerzos de gobierno la estigmatización, el descrédito y la criminalización contra personas defensoras de derechos humanos.

Señor Presidente Duque, en sus manos está la vida de miles de personas que se levantan diariamente a defender los derechos de todas las personas en Colombia porque no hay nadie más que los defienda.

Por Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Este artículo de opinión será publicado en exclusiva en el periódico colombiano El Tiempo.