viernes, 2 de octubre de 2026
ÚNETE

Indonesia: Activistas papúes pueden ser condenados a la pena máxima de cadena perpetua

Entre el 30 y el 31 de agosto, la policía de diversas zonas de Indonesia arrestó a ocho activistas políticos por organizar presuntamente una protesta pacífica ante el palacio presidencial en Yakarta el 28 de agosto, en respuesta a los incidentes racistas contra los estudiantes papúes de Surabaya y Malang (provincia de Java Oriental). Algunas de las personas que asistieron a la protesta agitaban la bandera del lucero del alba, un símbolo prohibido de la independencia de Papúa

Damiano, Daniela

Seis activistas políticos han sido detenidos en Yakarta (Indonesia) tras hacer campaña pacíficamente en favor del derecho a la autodeterminación de Papúa. Los seis activistas, acusados de “rebelión” (makar), son presos de conciencia y deben quedar de inmediato en libertad incondicional.

 

 

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

 

Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de Indonesia, General (Pol)
Indonesia National Police Chief, General (Pol). Tito Karnavian

Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan

Indonesia, 12110

Fax +52217218741

Correo-e: [email protected]

General Tito:

Le escribo para expresarle mi preocupación por los seis activistas papúes, cinco hombres y una mujer —Dano (Anes) Tabuni, Charles Kosal, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Naliana Lokbere, Arina Lokbere, Norince Kogoya y Surya Anta Ginting— arrestados los días 30 y 31 de agosto por la policía regional de Yakarta. Todos han sido detenidos y acusados de “rebelión” (makar) en aplicación de los artículos 106 y 110 del Código Penal.

En la actualidad se encuentran detenidos en la jefatura de la Brigada Móvil de Policía (Mako Brimob) en Depok, y Amnistía Internacional los considera presos de conciencia, pues han sido detenidos únicamente por ejercer pacíficamente su derecho humano a la libertad de expresión y reunión haciendo una campaña pacífica en favor del derecho a la autodeterminación de Papúa.

Aunque sus abogados pudieron entrevistarse con ellos, no les permitieron estar presentes en la habitación durante los interrogatorios de la policía. Los abogados se quejaron de que, además de no poder oír lo que decían, el cristal de la ventana de observación estaba muy tintado y no les permitía ver lo que sucedía en el interior. Además, dado que la jefatura de la Brigada Móvil de Policía está más lejos y es menos accesible que la jefatura de la Policía Regional de Yakarta (Mapolda Metro Jaya), preocupa que los activistas estén en peligro de tortura y otros malos tratos.

A Amnistía Internacional le preocupa que estas actuaciones penales amenacen la protección de la libertad de expresión en Indonesia. El derecho a la libertad de expresión protege el derecho a defender pacíficamente la independencia u otras ideas políticas que no supongan incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Criminalizar tales expresiones es una vulneración de las leyes y normas internacionales de derechos humanos.

Por tanto, le pido que:

  • ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a los seis activistas políticos papúes y retire todos los cargos que se presentan contra ellos en aplicación de los artículos 106 y 110 del Código Penal de Indonesia, pues son presos de conciencia detenidos únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y reunión.
  • hasta que esto suceda, garantice que están protegidos frente a la tortura y otros malos tratos y que pueden acceder regularmente a sus familias, a la asistencia letrada de su elección y a la atención médica adecuada. Deben recibir asistencia letrada en todas las etapas del proceso legal para salvaguardar su derecho a un juicio justo.
  • aconseje al presidente que garantice que los artículos 106 y 110 del Código Penal son suprimidos o modificados para garantizar que cumplen plenamente con las obligaciones contraídas por Indonesia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Atentamente,

[NOMBRE]

 

Información complementaria
 
Entre el 30 y el 31 de agosto, la policía de diversas zonas de Indonesia arrestó a ocho activistas políticos por organizar presuntamente una protesta pacífica ante el palacio presidencial en Yakarta el 28 de agosto, en respuesta a los incidentes racistas contra los estudiantes papúes de Surabaya y Malang (provincia de Java Oriental). Algunas de las personas que asistieron a la protesta agitaban la bandera del lucero del alba, un símbolo prohibido de la independencia de Papúa.
 
El 30 de agosto, aproximadamente a las 6 de la tarde hora local, policías sin uniformar arrestaron a Dano (Anes) Tabuni y Charles Kosal en su vivienda de alquiler en Depok, Java Occidental. Durante el arresto, los agentes no enseñaron ninguna orden judicial, y uno de ellos apuntó con una pistola a los estudiantes papúes. El 31 de agosto, agentes de la policía regional de Yakarta arrestaron a Ambrosius Mulait e Isay Wenda, que el día anterior habían protestado junto con decenas de estudiantes papúes más ante la jefatura de policía de Yakarta. Ese mismo día, aproximadamente a las 7 de la tarde, agentes de policía sin uniformar arrestaron a Naliana Lokbere, Arina Lokbere y Norince Kogoya en su domicilio de Yakarta Meridional sin mostrar orden de arresto. Cuando una de las estudiantes pidió cambiarse de ropa, un agente le espetó, insultante: “Ustedes los papúes no suelen ir con ropa”. Por último, el 31 de agosto, aproximadamente a las 8 de la noche, agentes sin uniformar detuvieron a Surya Anta Ginting en el centro comercial Plaza Indonesia, situado en Yakarta Central, sin mostrar orden de arresto. Surya Anta Ginting es portavoz del Frente Popular Indonesio para Papúa Occidental (Front Rakyat Indonesia untuk West Papua), organización de la sociedad civil que defiende pacíficamente la autodeterminación de Papúa.
 
El 1 de septiembre, la policía dejó en libertad sin cargos a Naliana Lokbere y Norince Kogoya, mientras los otros seis activistas siguen detenidos y han sido acusados en aplicación de los artículos 106 y 110 del Código Penal. El artículo 106 del Código Penal autoriza a las autoridades a condenar a una persona “a cadena perpetua o a una pena máxima de 20 años de cárcel por rebelión (makar) con intención de poner parte o la totalidad del territorio del Estado bajo dominio extranjero o de separar parte de éste.” Además, el artículo 110 establece que conspirar para cometer makar es punible como violación del artículo 106. Las autoridades indonesias han usado estas disposiciones del Código Penal para procesar a decenas de activistas pacíficos independentistas durante la última década.
 
Los artículos relativos a la rebelión o makar se consideran pertenecientes al apartado de delitos contra la seguridad del Estado del Código Penal de Indonesia, y por ello, si bien los activistas tienen acceso a representación letrada, ésta sólo puede observar, no escuchar, los interrogatorios policiales a sus clientes.
 
En la última década se han incrementado las actividades políticas en favor de la independencia en Papúa, especialmente las dirigidas por estudiantes y jóvenes que han organizado sistemáticamente manifestaciones multitudinarias en varias ciudades dentro y fuera de Papúa para exigir un referéndum de autodeterminación. Las fuerzas de seguridad han utilizado con frecuencia medidas represivas contra estos activistas, como prohibir toda protesta pacífica, detenerlos en masa y procesarlos aplicándoles las disposiciones relativas a la rebelión o makar del Código Penal.   Los activistas políticos independentistas también han sido víctimas en Papúa de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad.
 
Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la situación política de ninguna provincia de Indonesia ni sobre sus peticiones de independencia. Sin embargo, considera que el derecho a la libertad de expresión protege el derecho a defender pacíficamente la independencia u otras ideas políticas que no supongan incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia. La organización reconoce que recientemente ha habido en Papúa claros incidentes de violencia perpetrados por actores no estatales, y que el gobierno de Indonesia puede utilizar el Código Penal del país para abordar ataques violentos. Sin embargo, el gobierno invariablemente no ha distinguido entre los grupos armados que cometen ataques violentos y los activistas pacíficos, y entre la expresión pacífica de opiniones y los actos de violencia física.
 
Pueden escribir llamamientos en: Inglés, indonesio
También pueden escribir en su propio idioma.
 
Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 17 de noviembre de 2019
 
Nombre y género gramatical preferido: Dano (Anes) Tabuni (masculino), Charles Kosal (masculino), Ambrosius Mulait (masculino), Isay Wenda (masculino), Arina Lokbere (femenino), y Surya Anta Ginting (masculino).