La verdad y la justicia se han convertido en conceptos extraños en Turquía

En una escena que podría estar sacada de una película de misterio de Hollywood, decenas de policías irrumpen en un hotel en una pintoresca isla cerca de Estambul, incautan ordenadores y teléfonos y se llevan a 10 personas en una furgoneta.

Estas personas —y otro hombre que había sido detenido con anterioridad— son detenidas y acusadas de delitos de “terrorismo”.

Pero ninguna de las 11 ha cometido delito alguno. Son destacados y destacadas activistas de derechos humanos, y entre ellos están mis colegas İdil Eser y Taner Kılıç, que, en aquel momento, eran la directora y el presidente, respectivamente, de Amnistía Internacional Turquía.

Esto ocurrió en el verano de 2017.

El miércoles, tras muchos meses en prisión y dos años y medio ante los tribunales, un juez dictará sentencia. Si los declara culpables, podrían recibir penas de hasta 15 años de cárcel.

El fiscal alega que la reunión del hotel donde las detuvieron era una “reunión secreta para organizar un levantamiento como el de Gezi” con el fin de provocar el “caos” en el país. En realidad, era un taller de derechos humanos, y era cualquier cosa menos secreto. De hecho, una de las participantes había publicado incluso una foto del hotel en su cuenta de Instagram. “¿Dónde os alojáis?”, preguntó una amiga bajo la foto. “En el hotel Ascot”, contestó ella. 

Y aun así, no es una coincidencia que, cuando se socavan los derechos humanos en un país, se ataque a las personas que los defienden. En épocas de mayor represión, la tarea de los y las activistas de derechos humanos se vuelve más vital, y también más peligrosa.

Los y las activistas que se sientan en el banquillo esta semana conocían los riesgos. Habían visto que pronunciarse a favor de los derechos humanos estaba cada vez más criminalizado. Y sabían que defender las libertades de otras personas en Turquía podía costarles, en última instancia, la suya.

Desde el momento en que fueron acusados, en 2017, quedó claro que era un enjuiciamiento encaminado a silenciarlos y transmitir un mensaje contundente al resto de la sociedad civil: “podemos silenciarlos también a ustedes”.

Y así comenzó su pesadilla.

Durante 10 vistas judiciales, se refutaron detalladamente todos los aspectos del caso montado por la fiscalía contra ellos. Las acusaciones de “terrorismo” han sido rebatidas una y otra vez, de forma categórica, incluso con las propias pruebas de la fiscalía. El intento de la acusación de presentar actividades de derechos humanos legítimas como actos ilegítimos ha fracasado estrepitosamente. Y aun así, pese a la inexistencia de pruebas creíbles que sustancien los absurdos cargos, la farsa judicial ha continuado.

Estas 11 personas no están solas. De hecho, la situación es emblemática de la oleada de represión que atenaza Turquía desde hace más de tres años. El martes está previsto que se dicte otra sentencia histórica en la causa que se sigue contra Osman Kavala, destacada personalidad de la sociedad civil, y otras 15 personas acusadas de conspirar para derrocar al gobierno. Kavala lleva ya casi 28 meses de prisión preventiva.

Pese a no haber presentado ni la más mínima prueba que respalde su acusación, la fiscalía ha pedido cadena perpetua para tres de estas 16 personas, incluido Osman Kavala. Ni siquiera la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de diciembre, que ordenaba su libertad inmediata, ha sido suficiente para obtener la libertad de Kavala.

Han pasado casi cuatro años desde el fallido intento de golpe de Estado, y la represión que se desencadenó después no muestra ningún indicio de disminuir. Las prisiones de Turquía están llenas; los tribunales, inundados de casos, y el miedo se ha convertido en la nueva norma. El gobierno ha lanzado un asalto constante contra la sociedad civil, en el que ha cerrado más de 1.300 organizaciones no gubernamentales y 180 medios de comunicación. Prácticamente se ha acabado con el periodismo independiente. Nada menos que 130.000 empleados y empleadas públicas han sido despedidos arbitrariamente.

Es fácil abrumarse con estas cifras, pero la experiencia de estos 11 defensores y defensoras de los derechos humanos permite entrever la magnitud del sufrimiento que ha causado la represión. Taner Kılıç pasó más de 14 meses en la cárcel hasta que fue puesto en libertad bajo fianza, y ocho de las otras personas procesadas estuvieron encarceladas casi cuatro meses cada una. En los últimos dos años y medio, ha pesado sobre todas estas personas la amenaza de una larga condena de prisión.

Una cosa que les ha dado fuerza es el apoyo que han recibido de todo el mundo. Más de dos millones de personas se han sumado a la petición de justicia para estas 11 personas: personalidades de la política; actores y actrices conocidos como Ben Stiller, Whoopi Goldberg y Catherine Deneuve; artistas musicales como Sting, Peter Gabriel, Angélique Kidjo y Annie Lennox; y artistas como Ai Weiwei y Anish Kapoor. “Cuando defenderme era difícil, Amnistía me defendió. Ahora ha llegado el momento de que los defendamos nosotros”, dijo el denunciante de irregularidades estadounidense Edward Snowden en un mensaje dirigido a Taner, İdil y las demás personas encausadas que se grabó en 2017.

Esta semana, los ojos del mundo estarán puestos en el juzgado central de Estambul en un juicio que es una prueba de fuego para el sistema de justicia turco. Se espera que esta prolongada saga de injusticias termine con la absolución de estas 11 defensoras y defensores de los derechos humanos. Pero en Turquía, donde la verdad y la justicia se han convertido en conceptos extraños, tendremos que esperar a ver.