Sri Lanka: La retirada de los compromisos formulados ante la ONU exige una respuesta firme del Consejo de Derechos Humanos

Tras la decisión de Sri Lanka de retirar los compromisos formulados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra esta semana, Amnistía Internacional pide al Consejo que establezca un mecanismo internacional de rendición de cuentas para garantizar que las víctimas del conflicto, que dura ya décadas, obtienen la justicia que se les debe.

Esta petición se produce al mismo tiempo que el informe sobre Sri Lanka de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos expone su preocupación por que se está dando marcha atrás en los compromisos en materia de derechos humanos.

El gobierno de Sri Lanka ha declarado que no cooperará más con la histórica resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos, que el gobierno anterior había copatrocinado y que promueve la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en el país.

“La decisión de Sri Lanka de dar marcha atrás a los compromisos formulados por el propio país ante el Consejo de Derechos Humanos exige una respuesta firme del Consejo, que incluya medidas para crear un mecanismo de rendición de cuentas que garantice que las víctimas del conflicto, que dura ya casi tres décadas, obtienen la justicia que se les debe”, ha manifestado Thyagi Ruwanpathirana, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia meridional.

En lugar de implementar los compromisos que ha formulado mediante resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno de Sri Lanka ha declarado que realizará un esfuerzo nacional para lograr una “paz sostenible” mediante un “proceso de reconciliación y rendición de cuentas que sea inclusivo y que esté diseñado y ejecutado en el ámbito nacional”.

“Sri Lanka tiene un largo historial de mecanismos de rendición de cuentas nacionales fallidos. Sus sucesivos fracasos han supuesto una amarga decepción para las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos, muchas de las cuales han esperado durante años un resultado que no se ha materializado. Estas víctimas necesitan un mecanismo internacional en el que se pueda confiar y que pueda ser efectivo”, ha manifestado Thyagi Ruwanpathirana.

“Los progresos, limitados pero importantes, logrados en los últimos años corren peligro de retroceder, al igual que hemos visto reducirse el espacio para la sociedad civil en Sri Lanka en los últimos meses.”

En enero y febrero de 2020, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de acoso, intimidación y ataques contra organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y periodistas en Sri Lanka.

Información complementaria

En 2015, el gobierno de Sri Lanka copatrocinó una resolución pionera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la resolución 30/1, en la que se comprometía a promover la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka. El gobierno renovó estos compromisos en otras dos resoluciones del Consejo, en 2017 y 2019. En las resoluciones, Sri Lanka se comprometió a “establecer un mecanismo judicial con un asesoramiento especial para investigar las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario”, y afirmó que “un proceso de justicia creíble debe incluir instituciones judiciales y procesales independientes dirigidas por personas conocidas por su integridad e imparcialidad”. También afirmó “la importancia de la participación en un mecanismo judicial srilankés, que incluya la oficina de asesoría especial, con jueces, abogados defensores y fiscales e investigadores autorizados de la Commonwealth y otros países extranjeros”. Casi cinco años después, Sri Lanka aún no ha establecido ese mecanismo.

Tras el cambio de gobierno en 2019, el nuevo gobierno anunció su intención de retirar su copatrocinio de los compromisos de la resolución, y declaró el compromiso del gobierno de “lograr una paz sostenible mediante un proceso de reconciliación y rendición de cuentas que sea inclusivo y que esté diseñado y ejecutado en el ámbito nacional, a través de medidas como la adaptación adecuada de los mecanismos existentes, de acuerdo con el marco de la política del gobierno”. El gobierno añadió que “esto incluiría el nombramiento de una Comisión de Investigación dirigida por un juez del Tribunal Supremo encargada de revisar los informes de las comisiones srilankesas anteriores que investigaron presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, evaluar el estado de implementación de sus recomendaciones y proponer medidas viables para implementar dichas recomendaciones, manteniéndose dentro de la política del nuevo gobierno”.