IRÁN: SE NIEGA ATENCIÓN DENTAL A PRESO DE DOBLE NACIONALIDAD

Viernes, 12 de junio, 2020

Anoosheh Ashoori había viajado a Teherán para ver a su madre cuando fue detenido por agentes del Ministerio de Inteligencia en una calle próxima a la casa de aquélla. Afirma, que tras asegurarse de su identidad, cuatro hombres vestidos de civil lo introdujeron en el vehículo en el que viajaban, le ordenaron ponerse una venda en los ojos y lo llevaron a un lugar desconocido. Ese mismo día, unos agentes de los servicios de inteligencia lo llevaron a casa de su madre para que buscara su teléfono móvil, ordenador, maleta y pasaportes, y lo trasladaron a la prisión de Evin


Anoosheh Ashoori, ingeniero jubilado de doble nacionalidad, británica e iraní, cumple una larga condena de prisión que le fue impuesta en un juicio manifiestamente injusto. La sentencia estuvo basada en “confesiones” hechas presuntamente bajo tortura y que sirvieron para declararlo culpable de “cooperar con un Estado hostil en contra de la República Islámica” y de recibir “fondos ilícitos”. Se le niega el traslado a una clínica dental fuera de la prisión para recibir atención especializada que necesita con urgencia.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Presidente de la Magistratura / Head of the Judiciary
Ebrahim Raisi

c/o Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations

Embassy of the Islamic Republic of Iran

16 Princes Gate London SW7 1PT

Reino Unido

Señor Ebrahim Raisi:

Anoosheh Ashoori, ingeniero jubilado, de 66 años y de doble nacionalidad, británica e iraní, se halla recluido en la prisión de Evin de Teherán. Cumple una condena de 12 años que le fue impuesta en septiembre de 2018 tras un juicio manifiestamente injusto. “Fue declararlo culpable de “cooperar con un Estado hostil en contra de la República Islámica”, cargo excesivamente general e impreciso, que contraviene el principio de legalidad, y de recibir “fondos ilícitos”. Él negó ambos cargos. En julio de 2019, un tribunal de apelación confirmó la sentencia y la condena. Según las directrices de Irán sobre la ejecución de penas, debe cumplir 10 años de condena. En febrero de 2020 presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que está pendiente de resolución.

Desde que se produjo el brote de COVID-19 en las prisiones de Irán, se encuentra recluido, junto con otros 12 hombres, en una celda donde —según ha contado a su familia— las condiciones son “antihigiénicas” y no hay acceso suficiente a productos desinfectantes, mascarillas y guantes. Anoosheh Ashoori padece varias afecciones médicas y toma medicación periódica para el colesterol y para problemas de próstata. Según la Organización Mundial de la Salud, algunas personas parecen estar especialmente expuestas a enfermar de gravedad o morir si contraen COVID-19, entre ellas las personas de edad y las que padecen dolencias previas. Antes de su detención, Anoosheh Ashoori se sometió a un intenso tratamiento dental, incluida cirugía de las encías, que precisa de una atención dental especializada constante, inexistente en la prisión. A pesar de ello, las autoridades penitenciarias se niegan a trasladarlo a una clínica especializada para continuar con el tratamiento. Su familia teme que pierda la mitad de la dentadura si no lo recibe.

Anoosheh Ashoori, que vive en Reino Unido, fue detenido el 13 de agosto de 2017, durante un viaje que hizo a Teherán. Según su familia, estuvo recluido en régimen de incomunicación durante los seis primeros meses de detención y fue interrogado sin la presencia de un abogado y amenazado con represalias contra su familia. Contó a su familia que lo obligaron a firmar “confesiones” por medio de tortura y otros malos tratos, como privación del sueño y reclusión prolongada en régimen de aislamiento. Se le negó el derecho a una defensa adecuada y el derecho de acceso a un abogado de su elección. Entre enero y julio de 2018, el presidente del tribunal que conocía de su caso rechazó a un total de seis abogados que había elegido y sólo le permitió tener uno de oficio. Como dudaba de la independencia de los abogados de oficio, se ocupó él mismo de su defensa. En el juicio, se retractó de sus “confesiones” y dijo que las había hecho bajo tortura, pero el tribunal no sólo no ordenó ninguna investigación, sino que se basó en ellas para declararlo culpable.

Lo insto a anular la sentencia condenatoria y la condena de Anoosheh Ashoori y dejarlo en libertad si no está acusado de ningún delito reconocible internacionalmente ni va a ser juzgado de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos. Lo insto a que, mientras tanto, garantice que se le presta con urgencia la atención médica que necesita, incluido el tratamiento dental especializado que no puede recibir en la prisión. Lo insto también a investigar sus denuncias de tortura y otros malos tratos y a llevar a los responsables ante la justicia para que sean sometidos a un juicio justo.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Anoosheh Ashoori había viajado a Teherán para ver a su madre cuando fue detenido por agentes del Ministerio de Inteligencia, el 13 de agosto de 2017, en una calle próxima a la casa de aquélla. Afirma, que tras asegurarse de su identidad, cuatro hombres vestidos de civil lo introdujeron en el vehículo en el que viajaban, le ordenaron ponerse una venda en los ojos y lo llevaron a un lugar desconocido. Ese mismo día, unos agentes de los servicios de inteligencia lo llevaron a casa de su madre para que buscara su teléfono móvil, ordenador, maleta y pasaportes, y lo trasladaron a la prisión de Evin. Al día siguiente le permitieron hacer una breve llamada telefónica a su madre para decirle que estaba detenido. Luego lo tuvieron varias semanas recluido en régimen de incomunicación en la Sección 209 de la prisión, que está bajo el control del Ministerio de Inteligencia. Allí permaneció en régimen de aislamiento durante más de seis semanas, hasta el 25 de septiembre de 2017, y fue interrogado reiteradamente sin la presencia de un abogado. Posteriormente contó que, durante los interrogatorios, le advirtieron de que su familia en Reino Unido estaba bajo la vigilancia de agentes de los servicios de inteligencia iraníes. Dijo también a su familia que los interrogadores lo habían obligado a firmar múltiples documentos, incluidas “confesiones”, bajo tortura y otros malos tratos. Explicó que algunas noches no le habían dejado dormir tras haber estado sometido a severos interrogatorios durante todo el día. En esas ocasiones, los interrogadores le entregan 50 páginas en blanco; le ordenaban escribir en ellas hasta la ocho de la mañana, explicando de todas las formas posibles por qué creía que estaba detenido, y le decían que sufriría las consecuencias si no lo hacía. Por la mañana lo llevaban de nuevo a la sala de interrogatorio. Según su esposa, durante ese periodo intentó suicidarse dos veces y estuvo 17 días en huelga de hambre como protesta por su detención ilegal.

Del 25 de septiembre al 21 de noviembre de 2017, lo trasladaron muchas veces a distintas secciones de la prisión de Evin. Contó que había estado recluido en condiciones de hacinamiento, inhumanas y antihigiénicas, donde tenía que dormir en el suelo y se le negaba el acceso periódico al aseo. El 21 de noviembre de 2017 informó de que lo iban a trasladar de la prisión de Evin a un centro de detención de las afueras de Teherán que creía que estaba bajo el control de la Guardia Revolucionaria. Estuvo allí dos semanas, durante las cuales fue interrogado sin acceso a un abogado. Contó a su familia que durante esos interrogatorios le decían que lo estaban grabando con fines de  “formación” y amenazaban con matarlo “sin dejar rastro”. Dijo también que los interrogadores le preguntaban por unos pagos que había recibido por prestar servicios de consultoría sobre ingeniería antes de jubilarse y que las autoridades afirmaban que eran “ilícitos”. El 5 de diciembre de 2017 lo llevaron de nuevo a la prisión de Evin, donde continúa. Anoosheh Ashoori ha expresado su preocupación por la falta de medidas adecuadas para prevenir la propagación de la COVID-19 en la prisión, como garantizar debidamente que los reclusos recién llegados no sean portadores del virus y tratar y atender a los que los presenten síntomas de COVID-19.

El 17 de septiembre de 2018, Anoosheh Ashoori fue condenado a 10 años de prisión por “cooperar con un Estado hostil en contra de la República Islámica”, cargo basado en el artículo 508 del Código Penal Islámico, y a dos años más por haber recibido presuntamente “fondos ilícitos” por valor de 33.000 euros, que tiene que pagar al Estado cuando quede en libertad. Estas condenas se impusieron tras un juicio manifiestamente injusto ante la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán, en el que se le negó el derecho a un abogado de su elección. De acuerdo con documentos que Amnistía Internacional ha visto, el Tribunal se basó para dictar su sentencia en “confesiones” y declaraciones incriminatorias, que Anoosheh Ashoori aseguraba haber hecho bajo coacción y tortura. La Sección 36 del Tribunal de Apelación de Teherán confirmó la sentencia y la condena en julio de 2019. Durante esta vista de apelación, se negó a su abogado el tiempo y los medios necesarios para preparar la defensa. Según la familia de Anoosheh Ashoori, no se permitió al letrado el acceso al sumario hasta una hora antes de la segunda y última sesión. Según las directrices sobre ejecución de penas de Irán, se debe cumplir sólo la más larga de las condenas impuestas, correspondiente al cargo más grave, que en su caso son 10 años de prisión por “cooperar con un Estado hostil en contra de la República Islámica”. Tras confirmarse su condena, el portavoz de la Magistratura de Irán, Gholam-Hossein Esmaili, anunció, el 27 de agosto de 2019, que Anoosheh Ashoori había sido condenado a 10 años de prisión por “espionaje” y a 2 años más por recibir “fondos ilícitos”. Explicó que Anoosheh Ashoori había estado “conectado con la agencia de espionaje Mossad de Israel”, a la que había "revelado mucha información de inteligencia” sobre Irán.

Varias leyes iraníes que contienen disposiciones imprecisas y muy generales sobre determinados delitos, en particular los relacionados con la seguridad nacional, contravienen el principio de legalidad consagrado en los artículos 9 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Parte. Los órganos internacionales de derechos humanos han señalado que la detención basada en leyes imprecisas o excesivamente generales puede ser arbitraria según el derecho y las normas internacionales (más información aquí).

Pueden escribir llamamientos en: Persa, inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 23 de julio de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Nombre y género gramatical preferido: Anoosheh Ashoori (masculino)


Tags: IRÁN, DERECHO A LA SALUD, DETENCIÓN.

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