Al menos una docena de agentes de policía fuertemente armados irrumpieron en casa del activista político Ramy Shaath, en El Cairo, sin identificarse ni mostrar ninguna orden judicial de detención. Registraron la vivienda y confiscaron ordenadores, discos duros y teléfonos móviles. Detuvieron a Ramy y también a su esposa que ese mismo día fue deportada de manera ilícita a Francia, a pesar de que vivía legalmente en Egipto desde marzo de 2012

En mayo de 2020, las autoridades permitieron a Céline Lebrun Shaath, esposa del preso de conciencia y activista Ramy Shaath, llamarlo por primera vez desde su detención. Ramy se halla encarcelado por investigaciones que llevan un año pendientes sobre la acusación de “ayudar a un grupo terrorista a alcanzar sus objetivos”, vertida contra él por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y su derecho a participar en los asuntos públicos. El 18 de abril de 2020, el Tribunal Penal de El Cairo decidió arbitrariamente incluirlo en la lista de “terroristas” de Egipto por un periodo de cinco años.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Fiscal General de Egipto / Public Prosecutor Hamada al-Sawi

Office of the Public Prosecutor

Madinat al-Rehab Cairo, Egipto

Fax: +202 2577 4716

Twitter: @EgyptJustice

Señor Fiscal General:

El preso de conciencia Ramy Shaath lleva un año recluido arbitrariamente, desde el 4 de julio de 2019, a la espera de que se lleven a cabo investigaciones sobre el denominado “Caso de la esperanza” (causa 390/2019), que afecta al menos a 105 personas, entre las que hay políticos y periodistas.

En mayo de 2020, la autoridades egipcias permitieron por fin a la esposa de Ramy, Céline Lebrun Shaath, hablar con él por teléfono durante 45 minutos, por primera vez desde su detención. Ramy, que se encuentra recluido en la prisión de Tora, dijo a Céline que está en una celda de 25 metros cuadros junto con otras 17 personas, sin medidas adecuadas para prevenir la propagación de la COVID-19 entre los guardias y la población reclusa. Céline, que vive en Francia, recibió también garantías de las autoridades egipcias de la posibilidad de volver a Egipto para ver a su esposo en persona cuando la “situación en materia de salud” lo permita y se reabran las fronteras aéreas.

Las autoridades egipcias suspendieron todas las visitas a las prisiones el 10 de marzo para prevenir la propagación de la COVID-19, pero no previeron medios alternativos de comunicación periódica entre las personas reclusas y sus seres queridos. La última visita que recibió Ramy de los familiares que tiene en Egipto fue el 4 de marzo de 2020. En junio de 2020, las autoridades egipcias, que no autorizaban el envío de paquetes, permitieron por fin a sus familiares mandarle alimentos y ropa.

El 18 de abril de 2020, una sección de terrorismo del Tribunal Penal de El Cairo decidió arbitrariamente e in absentia incluir a Ramy en la “lista de terroristas” de Egipto por un periodo de cinco años, junto con otras 12 personas, entre ellas el abogado de derechos humanos y ex parlamentario detenido Zyad el-Elaimy.

Le pido, por tanto, que deje a Ramy Shaath en libertad de inmediato y sin condiciones, pues es preso de conciencia, cuya detención se debe exclusivamente al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de su derecho a participar en los asuntos públicos. Le pido también que garantice que se retiran todos los cargos contra él y se anula la decisión de incluirlo en la lista de  “terroristas”. Lo insto a que, hasta que quede en libertad, garantice que todas las demás personas encarceladas en Egipto tienen acceso periódico a sus familias y sus abogados.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

El 5 de julio de 2019, a las 12.45 horas aproximadamente, al menos una docena de agentes de policía fuertemente armados irrumpieron en casa del activista político Ramy Shaath, en El Cairo, sin identificarse ni mostrar ninguna orden judicial de detención. Registraron la vivienda y confiscaron ordenadores, discos duros y teléfonos móviles. Detuvieron a Ramy y también a su esposa, Céline Lebrun Shaath, profesora de historia y organizadora comunitaria, que ese mismo día fue deportada de manera ilícita a Francia, a pesar de que vivía legalmente en Egipto desde marzo de 2012. Las fuerzas de seguridad trasladaron a Ramy a un lugar no revelado y ocultaron su paradero durante 36 horas aproximadamente. Agentes de policía de la comisaría de Qasr el-Nil de El Cairo negaron a su familia y a su abogado que estuviera detenido allí. Más tarde, un abogado informó a la familia de que Ramy había comparecido ante un fiscal en la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, en El Cairo Nuevo. No se permitió a Ramy llamar a su familia ni a un abogado, y durante el interrogatorio fue representado por un letrado que se hallaba por casualidad en el edificio en ese momento.

Según la familia, el fiscal informó a Ramy de que se lo acusaba de “ayudar a un grupo terrorista a alcanzar sus objetivos”. Sin embargo, sólo le formuló preguntas sobre sus actividades políticas en Egipto y no presentó ninguna prueba contra él. El fiscal basó su acusación en un expediente secreto compilado por la Agencia de Seguridad Nacional, a pesar de que, en 2015, el Tribunal de Casación —una de las máximas instancias judiciales de Egipto— había pronunciado un fallo según el cual las investigaciones de la Agencia no constituyen pruebas por sí solas. Además, la fiscalía no ha permitido a Ramy ni a sus abogados examinar el expediente de investigación de la Agencia.

Según las autoridades, estas investigaciones tienen relación con una “conspiración de activistas civiles en cooperación con la Hermandad Musulmana para menoscabar el Estado”. El caso implica a personas de todo el espectro político y no relacionadas entre sí. Entre ellas se encuentran al menos 15 figuras políticas, estudiantes, periodistas y activistas de los derechos laborales, detenidos arbitrariamente por cargos infundados relacionados con sus actividades políticas legítimas, su trabajo de derechos humanos y la expresión pacífica de sus opiniones. El 6 de julio de 2019, el fiscal ordenó la detención de Ramy durante 15 días mientras se llevaban a cabo las investigaciones, y desde entonces se ha prorrogado cada 15 días en vistas de renovación automática. Según el Código de Procedimiento Penal de Egipto y la ley antiterrorista de 2015, los fiscales pueden ordenar la detención en espera de juicio de las personas acusadas en casos de “terrorismo” durante un máximo de 150 días, sin remitirlas a un juez.

En Egipto ha aumentado el número de personas detenidas que pasan meses —o, a veces, años— en prisión preventiva por cargos de terrorismo, basados en muchos casos únicamente en investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional. Dos meses después de la reforma de la Ley 8/2015 sobre Entidades Terroristas en febrero de 2020, una sección de terrorismo del Tribunal Penal de El Cairo incluyó a Ramy y a otras 12 personas en la lista de “terroristas” de Egipto por un periodo de cinco años. Las recientes reformas jurídicas otorgan a la fiscalía la facultad de presentar a los tribunales listas de entidades y personas para su calificación como “terroristas”, con independencia de que se haya cometido realmente un presunto “acto terrorista” y basándose únicamente en “investigaciones o información policiales”. Ramy fue añadido a la lista sin que se celebrara una vista judicial ni se respetara el debido proceso. Su inclusión en la lista de “terroristas” por cinco años comporta la prohibición de viajar y la congelación de activos, la retirada del pasaporte egipcio y la prohibición de las actividades políticas, según el artículo 7de la Ley 8/2015. El abogado de Ramy presentó un recurso contra la decisión judicial.

Ramy es un activista político que ha participado de manera decisiva en la fundación de varios movimientos políticos laicos en Egipto, como El Dostour, partido político fundado por Mohammad ElBaradei en 2012. También es cofundador del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en Egipto, del que es coordinador en el país desde 2015. El movimiento BDS hace campaña por medios no violentos para que Israel rinda cuentas por violaciones de derechos humanos y otras violaciones del derecho internacional. Como parte de su activismo, Ramy conciencia a la opinión pública sobre los derechos de la población palestina, y ha denunciado activamente en los medios de comunicación la ocupación israelí de territorios palestinos. Antes de su detención, participaba en actos públicos y concedía entrevistas a medios de comunicación en las que expresaba su enérgica oposición al plan estadounidense para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina —plan conocido como el “acuerdo del siglo”— y a la participación de Egipto en la reunión de Manama de los días 25 y 26 de junio de 2019 para debatir dicho plan. Las autoridades egipcias llevan años hostigando a Ramy por su activismo político. En abril de 2012, el Ministerio del Interior se negó a renovarle el pasaporte egipcio en un intento de negarle su nacionalidad egipcia. Aunque ganó un juicio en 2013 ante el Tribunal Administrativo de El Cairo, el Ministerio del Interior recurrió la sentencia en 2018 y la apelación sigue pendiente de resolución.

Pueden escribir llamamientos en: Árabe e inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 19 de agosto de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Ramy Shaath (masculino)

Enlace a la AU anterior: www.amnesty.org/es/documents/mde12/0993/2019/es/