La ley de seguridad nacional de Hong Kong: 10 cosas que hay que saber
El 30 de junio, el máximo órgano legislativo de China aprobó por unanimidad una nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong que entró en vigor en el territorio ese mismo día, justo antes de la medianoche. La ley es peligrosamente imprecisa y general: en aplicación de sus disposiciones, prácticamente cualquier cosa podría considerarse una amenaza para la “seguridad nacional” y, además, puede aplicarse a cualquier persona en el mundo.
Las autoridades chinas impusieron la aprobación de la ley sin ninguna rendición de cuentas ni transparencia: se aprobó pocas semanas después de que fuera anunciada eludiendo al órgano legislativo local de Hong Kong, y el texto se mantuvo en secreto ante la opinión pública y, supuestamente, incluso ante el gobierno de Hong Kong hasta después de ser promulgado.
He aquí 10 razones por las que a todas las personas nos debería preocupar esta nueva ley:
Según esta nueva ley, los delitos de “secesión”, “subversión”, “terrorismo” y “connivencia con fuerzas extranjeras” están castigados con penas máximas de cadena perpetua. Pero la definición de estos delitos es tan imprecisa que pueden convertirse con facilidad en delitos de carácter muy general utilizados en enjuiciamientos de motivación política con penas potencialmente muy duras.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y varios órganos expertos de la ONU han expresado ya en varias ocasiones su preocupación por la ley de seguridad nacional, manifestando que esta ley, redactada de forma muy general, puede llevar a “una interpretación discriminatoria o arbitraria que podría menoscabar la protección de los derechos humanos”.
Los gobiernos central y de Hong Kong llevan tiempo acusando a personas y a organizaciones de la sociedad civil de estar dirigidas por “fuerzas extranjeras” en sus actividades, como la organización y asistencia a protestas pacíficas, la recepción de donativos y las críticas al gobierno. Cualquier persona que participe en estas actividades corre ahora el riesgo de ser acusada de “connivencia con fuerzas extranjeras” y de otros “delitos” nuevos.
En el continente, Amnistía Internacional ha documentado el uso habitual por el gobierno chino de cargos de “subversión” para encarcelar a periodistas, profesionales del derecho, intelectuales y activistas. En 2017, un tribunal de China condenó al disidente Wu Gan a ocho años de prisión, citando sus críticas al gobierno en Internet como prueba de “subversión” del poder del Estado.
2 Se ha abusado de la ley desde el primer día
Inmediatamente después de la aprobación de la ley, las autoridades empezaron a utilizarla para reprimir la expresión legítima y pacífica.
Se detuvo a personas por estar en posesión de banderas, adhesivos y carteles con consignas políticas. La policía y las autoridades han afirmado también que consignas, camisetas, canciones y papel de color blanco podrían poner en peligro la seguridad nacional y desembocar en un enjuiciamiento penal.
Dos días después de la promulgación de la ley, el gobierno de Hong Kong declaró que “Liberen Hong Kong, la revolución de nuestra época”, una consigna política habitual en las protestas de los últimos años, “tiene la connotación de ‘independencia de Hong Kong’” o separar Hong Kong de China, y prohibió efectivamente su uso.
Estos ejemplos muestran cómo la ley y su uso conculcan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, que disponen que expresar pacíficamente opiniones personales sobre la independencia no constituye una amenaza para la seguridad nacional.
La ley confiere inmunidad procesal y amplias exenciones a las instituciones de seguridad nacional y a su personal, y, de hecho, establece expresamente que, en caso de conflicto, prevalece sobre cualquier otra ley de Hong Kong. Esto significa que, aparentemente, cabría considerar que la ley de seguridad nacional niega cualquier protección de los derechos humanos en el territorio.
La ley de seguridad nacional de China contiene una disposición similar sobre el respeto a los derechos humanos que, sin embargo, ha proporcionado poca o ninguna protección a las personas afectadas: hay profesionales del derecho, intelectuales, periodistas, pastores y trabajadores y trabajadoras de ONG declarados culpables de delitos contra la seguridad nacional sólo por ejercer su libertad de expresión y defender los derechos humanos.
La jefa del Ejecutivo de Hong Kong ha justificado la limitación de los derechos humanos en varias ocasiones en nombre de la seguridad nacional, incluso en formas que violarían las normas internacionales.
10 La ley ha tenido ya un efecto inhibidor inmediato
Esta ley draconiana es tan poco precisa que impide saber cómo y cuándo podría ser transgredida y, en consecuencia, ha tenido un efecto inhibidor inmediato en todo el territorio.
Muchos de los ciudadanos y ciudadanas de Hong Kong que compartían habitualmente en Internet noticias sobre las protestas desde junio de 2019 han cerrado sus cuentas en las redes sociales por temor a violar la ley. Comercios y restaurantes que habían exhibido carteles y adhesivos de apoyo al movimiento de protesta los quitaron incluso antes de que entrase en vigor la ley. En cuestión de días, las bibliotecas públicas empezaron a apartar los libros sobre temas “delicados” obra de activistas críticos con el gobierno.
Una hora después de la aprobación de la ley, el destacado activista Joshua Wong se retiró de Demosisto, el grupo prodemocracia que dirigía. Posteriormente, Demosisto anunció su disolución y otro miembro clave, Nathan Law, preocupado por que su labor de incidencia Internacional en Hong Kong pudiera representar una amenaza inminente a su seguridad personal, anunció que había salido de Hong Kong.
En una semana tras la promulgación de la ley, se disolvieron al menos siete grupos políticamente activos.
La ley de seguridad nacional de Hong Kong no protege realmente la seguridad nacional al tiempo que salvaguarda los derechos humanos. Las consecuencias son graves: el carácter impreciso de aspectos clave de la ley ha generado temor entre la ciudadanía de Hong Kong, pues nadie sabe qué podría constituir un delito de “poner en peligro la seguridad nacional” y, por tanto, podría conllevar un enjuiciamiento penal, el traslado al continente o la deportación del territorio.
Está reconocido el derecho y el deber de todos los gobiernos a proteger a sus ciudadanos, y también que algunos países tienen preocupaciones concretas en materia de seguridad. Pero éstas nunca pueden utilizarse como excusa para negar a las personas el derecho a expresar opiniones políticas diferentes o a ejercer los demás derechos humanos protegidos por las normas internacionales. Está muy claro que la ley de seguridad nacional de Hong Kong es otro ejemplo de un gobierno que utiliza el concepto de “seguridad nacional” para reprimir a la oposición política, con riesgos significativos para los defensores y defensoras de los derechos humanos, los medios de comunicación críticos y la sociedad civil en general.