Myanmar: Documentos filtrados revelan vínculos de empresas internacionales con delitos cometidos por las fuerzas armadas

Una investigación de Amnistía Internacional ha puesto en evidencia la vinculación de empresas internacionales con la financiación de las fuerzas armadas de Myanmar, incluidas muchas unidades directamente responsables de crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha analizado documentos oficiales filtrados que revelan que el ejército de Myanmar recibe cuantiosos ingresos por acciones de Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), un hermético conglomerado empresarial cuyas actividades abarcan los sectores minero, cervecero, tabacalero, textil y bancario. MEHL tiene alianzas con diversas empresas locales y extranjeras, entre ellas la multinacional cervecera japonesa Kirin y el gigante siderúrgico surcoreano POSCO.

El registro de accionistas de MEHL revela que una serie de unidades militares, incluidas divisiones de combate, poseen una tercera parte de las acciones del conglomerado. También detalla los vínculos entre MEHL y el Comando Occidental, que dirige las operaciones en el estado de Rajine, entre ellas las atrocidades cometidas contra la población rohinyá y otras minorías étnicas. El informe también incluye información sobre los importantes pagos en concepto de dividendos que los accionistas han recibido anualmente desde la creación de MEHL en 1990.

“Estos documentos ofrecen nuevos datos sobre cómo las fuerzas armadas de Myanmar se benefician del vasto imperio empresarial de MEHL, y dejan claro que el ejército y MEHL están ligados inextricablemente. No se trata de que MEHL haya financiado sin saberlo violaciones de derechos humanos, es que su consejo de administración está formado en su totalidad por importantes personalidades militares”, ha afirmado Mark Dummett, responsable de Amnistía Internacional sobre Empresas, Seguridad y Derechos Humanos.

“Los autores de algunas de las peores violaciones de derechos humanos de la historia reciente de Myanmar figuran entre las personas que se benefician de las actividades empresariales de MEHL; por ejemplo, Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las fuerzas armadas, poseía 5.000 acciones de MEHL en 2011. En vista de esta información irrefutable, las empresas actualmente asociadas con MEHL deben poner fin a dichas relaciones de forma responsable.”

Vínculos con empresas internacionales

La investigación de Amnistía Internacional demuestra que los socios comerciales de MRHL están directamente vinculados con violaciones de derechos humanos. MEHL trabaja en colaboración con sus socios para establecer empresas conjuntas o acuerdos de reparto de beneficios en Myanmar; cuando dichas operaciones generan beneficios, MEHL, como accionista, obtiene ingresos. A su vez, MEHL paga dividendos a sus propios accionistas.

Amnistía Internacional escribió a ocho empresas que operan de forma conjunta con MEHL en Myanmar. Se trata de las siguientes:

Ever Flow River Group Public Co., Ltd. (EFR), empresa de logística de Myanmar; Kanbawza Group (KBZ), conglomerado empresarial de Myanmar con explotaciones mineras de jade y rubí; Kirin Holdings, empresa japonesa de bebidas; INNO Group, promotora inmobiliaria surcoreana; Pan-Pacific, fabricante y exportadora textil surcoreana; POSCO, empresa siderúrgica surcoreana; RMH Singapore, fondo singapurense con actividad en el sector tabacalero en Myanmar; y Wanbao Mining, empresa minera china dedicada a la explotación de metales.

En su respuesta, Pan-Pacific anunció que se dispone a poner fin a su relación comercial con MEHL a raíz de las conclusiones de Amnistía Internacional y de la publicación del informe de la misión de investigación de la ONU de 2019. KBZ y Kirin explicaron que están revisando su relación con MEHL, y el resto no hizo ningún comentario al respecto o simplemente no respondió. En el anexo I del informe se reproducen íntegramente las respuestas recibidas.

Todas estas empresas llevan a cabo actividades en Myanmar en asociación con MEHL. Sin embargo, algunas tienen además negocios de ámbito mundial. Kirin es uno de los mayores fabricantes mundiales de cerveza, y sus bebidas, entre ellas Kirin, San Miguel, Lion y Fat Tire, se venden en bares y tiendas en todo el mundo. POSCO, una de las empresas siderúrgicas más importantes del mundo, fabrica una amplia gama de productos siderúrgicos para la industria automovilística, la construcción y la construcción naval.

Esclarecer una relación hermética

El régimen militar de Myanmar fundó MEHL en 1990, y el conglomerado sigue estando bajo la dirección y en propiedad de personal militar en activo o retirado. Es evidente que, gracias a este vínculo, las fuerzas armadas obtienen importantes ingresos que se suman a su presupuesto oficial, pero el hermetismo rodea la naturaleza de esta relación.

Amnistía Internacional ha tenido acceso a dos documentos que revelan nuevos datos sobre la manera en que MEHL financia a las fuerzas armadas. El primero es un documento que MEHL presentó ante la Dirección de Inversiones y Administración de Empresas de Myanmar (DICA) en enero de 2020, en el que se establece que MEHL es propiedad de 381.636 accionistas individuales, todos ellos personal militar en activo o retirado, y de 1.803 accionistas “institucionales”, categoría que comprende “comandos regionales, divisiones, batallones, tropas y asociaciones de veteranos de guerra”.

El segundo documento es una copia de un informe confidencial sobre los accionistas de MEHL correspondiente al año fiscal 2010/2011. Este documento, además de ofrecer información sobre la identidad de los accionistas de MEHL, confirma los importantes pagos de dividendos que percibieron entre 1990 y 2011.

Amnistía Internacional recibió este informe sobre el accionariado de Justice for Myanmar, un grupo de activistas que lucha por la justicia y la rendición de cuentas para la población de Myanmar. El contenido del informe se publicó en el sitio web del grupo[1] antes de que éste fuese bloqueado en Myanmar el 1 de septiembre por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Un portavoz del ministerio afirmó que el sitio web publicaba “noticias falsas”. En respuesta, Justice for Myanmar afirmó que el bloqueo constituía un intento de silenciar las voces críticas.

En este periodo de 20 años, la cifra total destinada al pago de dividendos a todos los accionistas supera los 107.000 millones de kyats de Myanmar (107.869.519.830), unos 18.000 millones de dólares estadounidenses según el tipo de cambio oficial. De este importe, MEHL transfirió 95.000 millones de kyats (unos 16.000 millones de dólares estadounidenses) a unidades militares.

Ambos documentos confirman que entre los accionistas de MEHL hay unidades militares y oficiales de alto rango implicados directamente en crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos.

Por ejemplo, el informe de 2010/2011 menciona como accionistas a 95 unidades distintas que forman parte del Comando Occidental, el comando regional responsable de llevar a cabo y supervisar las operaciones en el estado de Rajine. Conjuntamente, poseían más de 4,3 millones de acciones y, en el año fiscal 2010/2011, recibieron pagos por un valor superior a 1.250 millones de kyats (208 millones de dólares estadounidenses). El Comando Occidental también aparece como accionista de MEHL en el documento presentado ante la DICA en 2020.

Los cuarteles generales de los batallones de las divisiones 33 y 99 de Infantería Ligera constan también como accionistas. Amnistía Internacional ha documentado la participación de estas divisiones en crímenes de lesa humanidad contra la población rohinyá, entre otros, masacres de mujeres, hombres, niñas y niños en el estado de Rajine y crímenes de guerra en los estados de Kachin y Shan del Norte.

El informe de la DICA también menciona como accionistas a altos mandos militares, incluidos los que estaban al mando de tropas implicadas en crímenes de derecho internacional. El general Min Aung Hlaing, comandante en jefe y máximo responsable de la Oficina de Guerra, aparece como accionista número 9.252. En el ejercicio 2010/2011, Min Aung Hlaing poseía 5.000 acciones y recibió 1,5 millones de kyats (250.000 dólares estadounidenses) en concepto de pago de dividendos. La ONU ha pedido que Min Aung Hlaing, que supervisó la brutal campaña contra la población rohinyá en 2017, sea investigado y enjuiciado por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

“Aunque personas ajenas al ejército no pueden saber cómo gastan estos dividendos las unidades militares, el volumen y la regularidad de los pagos sugieren que se utilizan para cubrir gastos operativos”, ha explicado Mark Dummett.

“Al dotar de estos fondos a unidades militares, MEHL está reforzando sus recursos y financiando sus operaciones, que incluyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Cualquier empresa que haga negocios con MEHL se expone a contribuir a dichas violaciones de derechos humanos y debe adoptar medidas urgentes para poner fin a estas relaciones”, ha añadido Yadanar Maung, portavoza de Justice for Myanmar.

El “grupo de patronos” de MEHL, que supervisa el consejo de administración, incluye a los oficiales responsables de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos; por tanto, no se puede confiar en que MEHL se reforme a sí misma. Es más, MEHL no ha mostrado voluntad alguna de trabajar con transparencia con sus socios empresariales para demostrar que puede reformar su estructura.

“Los socios empresariales de MEHL tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y tratar de evitar o mitigar cualquier efecto negativo en los derechos humanos que pudieran causar con sus actividades. Teniendo en cuenta la falta de voluntad de MEHL para reformar su estructura, sus socios empresariales deben evaluar su relación con el conglomerado y desvincularse con responsabilidad. Esto supone tener en cuenta evaluaciones creíbles sobre posibles efectos negativos en los derechos sociales, económicos y humanos y tomar medidas para mitigarlos al desvincularse”, ha afirmado Mark Dummett.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Myanmar a intervenir para romper el vínculo entre las fuerzas armadas y la economía. Como parte de este esfuerzo, debe realizarse una reforma en profundidad de la propiedad y la gestión de MEHL. El gobierno también debe crear un fondo, con los beneficios de MEHL, para compensar a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por unidades militares que son accionistas o están financiadas por MEHL.