Américas: Las autoridades convierten las cuarentenas gestionadas por el Estado en una forma de represión

Desde que estalló la pandemia de COVID-19 en marzo, las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena gestionados por el Estado, inadecuados y sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos, y con el riesgo de que las detenciones sean arbitrarias; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.

En su nuevo informe, Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas, la organización documenta cómo, en tres países, las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus países de origen y comunidades de ingresos bajos a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes, lo que puede constituir malos tratos. Las terribles condiciones tienden a convertirlos en espacios contraproducentes donde se corre el peligro de contraer COVID-19.

“En muchas partes del mundo, las autoridades han pedido a la población que se quede en casa o se ponga en cuarentena voluntariamente para atenuar el riesgo de contagio de COVID-19. Pero cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y  las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

A finales de agosto, según datos oficiales, las autoridades venezolanas han sometido a cuarentena a unas 90.000 personas que habían regresado al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos como Colombia y Perú, y las han enviado a centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos.

Mientras que El Salvador y Paraguay habían cerrado sus centros estatales de confinamiento o habían reducido su escala a finales de agosto, el gobierno del presidente Bukele tenía a más de 16.000 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19. A finales de junio, las autoridades de Paraguay también impusieron la cuarentena a unas 8.000 personas, que en su mayoría habían regresado al país tras perder su trabajo en el sector informal del vecino Brasil debido a las medidas de confinamiento adoptadas allí con motivo de la pandemia.

Amnistía Internacional ha examinado y verificado decenas de vídeos disponibles en redes sociales o enviados directamente a la organización, en su mayoría grabados por personas recluidas en centros de confinamiento obligatorio, incluidos almacenes, polideportivos y otras instalaciones, y en los que describen sus condiciones de alojamiento. Además, realizó 14 entrevistas telefónicas y examinó decenas de leyes, políticas y protocolos sobre confinamiento y aplicación de cuarentenas obligatorias recientemente aprobados, documentos judiciales e informes de observadores y periodistas independientes.

Según información recibida por la organización de esos tres países, la gente llevaba en cuarentena bastante más tiempo de los 14 días recomendados actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en algunos casos, más de un mes. Las personas sometidas a cuarentena no tenían acceso suficiente a información sobre cuánto tiempo estarían recluidas ni sobre los criterios científicos aplicados en un momento dado para determinar su salida del aislamiento o confinamiento. Esto constituye una violación de su derecho a la información y del requisito impuesto por el derecho internacional de los derechos humanos de que toda medida de privación de libertad, aun cuando tenga la finalidad de proteger la salud pública, debe estar prevista en la ley y ser necesaria, proporcionada y de duración limitada.

Las autoridades sólo deben poner a la población bajo custodia del Estado cuando hayan fracasado otras medidas menos invasivas, como la cuarentena voluntaria y las campañas de educación. Si imponen el cumplimiento de una cuarentena, deben proporcionar las condiciones adecuadas, proteger frente a violaciones de derechos humanos y garantizar que no se usa de forma discriminatoria contra comunidades específicas.

“Aunque estos gobiernos hayan tenido que reaccionar rápidamente ante una pandemia sin precedentes, Amnistía Internacional concluye que su imposición de cuarentenas gestionadas por el Estado se ha caracterizado por la arbitrariedad, sumada a su aplicación por fuerzas policiales y militares”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.

“En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de derechos humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen.”

En El Salvador, por ejemplo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública advirtió en abril que las personas que incumplieran el confinamiento nacional serían enviadas a un centro de contención, “lejos de sus familias, y en esos centros de cuarentena corren también el riesgo de contraer el virus”. Esto indica que la cuarentena se considera un castigo y que las autoridades son plenamente conscientes de que los centros carecen de las medidas adecuadas para prevenir contagios.

“Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo”, dijo Ana Cristina a Amnistía Internacional, tras describir los 40 días que había pasado durmiendo en un colchón sucio tirado en el suelo del centro de cuarentena de El Salvador. Fue conducida allí a mediados de abril por unos agentes de policía que la acusaron de saltarse el confinamiento nacional cuando estaba comprando comida y medicamentos, actividad permitida y considerada esencial en el momento de su detención.

El ejemplo más inquietante de campañas de estigmatización y discriminación auspiciadas por el Estado llega de Venezuela. Todas las personas que han regresado a Venezuela en los últimos meses fueron obligadas a recluirse en instalaciones destinadas a la cuarentena mientras altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro afirmaban que las que volvían de Colombia eran “armas biológicas” enviadas para infectar a la población que se encuentra en Venezuela. También han tachado de “traidoras” a las personas que volvían.

Este discurso, basado en las supuestas ideas políticas de quienes vuelven y su pretendida asociación deliberada con la COVID-19, sumado a la medida de cuarentena obligatoria en centros dirigidos por el Estado, hace pensar que su privación de libertad es discriminatoria y arbitraria.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos que están recluyendo a la población en centros de cuarentena gestionados por el Estado por motivos de salud pública que permitan de inmediato a organizaciones humanitarias y observadores independientes de derechos humanos el acceso a estos centros para que puedan comprobar si las condiciones, las garantías frente a malos tratos y la provisión de comida, agua y otros artículos se ajustan a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a las recomendaciones de la OMS sobre medidas de cuarentena.

Además, las autoridades deben evitar las detenciones indefinidas y garantizar que los periodos de aislamiento y cuarentena se limitan al mínimo necesario, basándose en la evidencia científica y las buenas prácticas, y ofrecer información clara sobre la duración y el proceso de detención.

Mientras continúa la pandemia de COVID-19, y los países de todo el continente americano se enfrentan a la posibilidad de repetir el confinamiento, esta investigación inicial sobre las cuarentenas gestionadas por el Estado pone de relieve la necesidad de que las autoridades eviten recurrir a enfoques coercitivos, punitivos y discriminatorios al adoptar medidas de salud pública.

“Sabemos por otras pandemias que los enfoques punitivos no protegen a las comunidades y que asociar un virus a comunidades concretas sólo conduce al estigma y la discriminación. En cambio, los enfoques basados en los derechos humanos, que empoderan a la gente con los conocimientos que necesita para proteger su salud y la dotan de los recursos y el apoyo que necesita para cumplir medidas voluntarias, históricamente han demostrado ser más efectivos”, ha dicho Erika Guevara Rosas.