México: Autoridades usaron fuerza ilegal y violencia sexual para silenciar a mujeres que protestaban contra la violencia de género

Las autoridades mexicanas reprimieron a mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en 2020, violando sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica mediante el uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el día de hoy.

México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan analiza cinco manifestaciones de mujeres y grupos feministas en contra de la violencia de género efectuadas el año pasado en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México.

“La respuesta violenta de las diversas autoridades a las manifestaciones de mujeres vulneró sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Durante las detenciones y traslados, elementos policiales se dirigieron a las mujeres con lenguaje violento y sexualizado, las amenazaron con violencia sexual y las sometieron a violencia física y sexual. Muchas mujeres no sabían dónde estaban, quien las detenía y a dónde las llevaban, por lo que estuvieron en riesgo de sufrir desaparición forzada”, dijo Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“Las autoridades de distintos niveles de gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, caracterizándolas como ‘violentas’ con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos. Que no se confundan, estas protestas son un reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Son un llamado a combatir la impunidad que prevalece en miles de casos de feminicidio y de violencia sexual, que han causado un dolor inimaginable a tantas familias en México”.

El informe establece que policías detuvieron a más de una docena de mujeres sin haberse identificado debidamente, las mantuvieron incomunicadas por largos periodos de tiempo, las trasladaron por rutas no usuales sin decirles a dónde las llevaban, y en algunos casos sin presentarlas ante la autoridad competente, causándolas un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzada. La generación deliberada de sufrimiento e incertidumbre entre las manifestantes acerca de poder ser sujetas de desaparición forzada vulnera su derecho a la integridad personal y contraviene la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.

Además, en muchas ocasiones elementos policiales recurrieron al uso de la violencia sexual como una táctica para aleccionarlas por atreverse a salir a manifestarse en la vía pública, y por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género, de acuerdo con los cuales las mujeres deben quedarse en casa y “no salir a buscar problemas”. Amnistía Internacional destaca que toda violación sexual cometida por una autoridad del Estado debe ser considerada como una forma tortura, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relativas a México.

Diversas autoridades y algunos medios de comunicación han estigmatizado las manifestaciones de mujeres y grupos feministas como “violentas”. En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tachó las acciones de protesta como “provocaciones” que buscaban que el Estado respondiera con mayor violencia y así generar mayor atención y condena pública. En León, Guanajuato, el Secretario de Seguridad Pública señaló que la ciudad no podía convertirse en un “manifestódromo violento” para justificar la restricción y dispersión de las manifestaciones. Esa estigmatización ha generado un ambiente hostil al derecho de reunión pacífica de las mujeres que deslegitima su activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra.

Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades no deben utilizar los actos violentos de unos pocos durante una manifestación como pretexto para restringir o impedir el ejercicio de los derechos de una mayoría, y deben asegurarse de que quienes se encuentran protestando de forma pacífica puedan continuar haciéndolo. Amnistia Internacional encontró que las autoridades restringieron indebidamente los derechos de las manifestantes al calificar las protestas como violentas por acciones que están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, tales como pintar consignas en paredes públicas o intervenir monumentos. Si bien las autoridades podrían justificadamente imponer ciertas restricciones para prevenir daños a la propiedad pública o privada, no deben tomar medidas que restrinjan indebidamente los derechos humanos e impidan manifestarse a quienes lo hacen de forma pacífica.

El informe muestra, además, la estigmatización y criminalización de mujeres que participan en protestas con el rostro cubierto —incluso con cubrebocas como medida sanitaria para evitar la propagación del COVID-19— o de quienes se visten de negro. Amnistía Internacional señala que ocultar el rostro o vestirse de una forma particular no puede equipararse a la comisión de un delito, justificar una detención, o a la suposición de uso de violencia durante las manifestaciones.

Amnistía Internacional insta a las autoridades a que reconozcan, de forma constante y de manera amplia, la legitimidad de las manifestaciones de mujeres y grupos feministas y que se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestantes.

Respecto a las denuncias de violencia sexual presentadas por mujeres manifestantes, las autoridades deben realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y con perspectiva de género para asegurar que se lleve a las personas responsables ante la justicia en juicios justos y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas. Asimismo, deben investigar el uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las manifestaciones y establecer la responsabilidad individual de policías, así como de la cadena de mando.

Finalmente, la organización insta a las autoridades a adoptar medidas efectivas para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, particularmente frente a los feminicidios y las diversas formas de violencia sexual, además de garantizar el acceso a la justicia y la reparación adecuada de quienes han sufrido violencia de género.