Route de la Goulette,

Site archéologique de Carthage

Túnez

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Twitter: @TnPresidency

 

Señor presidente:

Le escribo para expresarle mi honda preocupación por el procesamiento del parlamentario Yassine Ayari por parte del Tribunal Militar de Primera Instancia de Túnez. Como sabe, según el derecho internacional de los derechos humanos, la población civil nunca debe ser juzgada ante tribunales militares. Además, expresar opiniones críticas con las autoridades está protegido por la libertad de expresión y no debe sancionarse en modo alguno.

 

Yassine Ayari fue detenido el 30 de julio de 2021, tres días después de que usted anunciara la suspensión del Parlamento y ordenara la retirada de la inmunidad parlamentaria, para que cumpliera una condena de dos meses que un tribunal militar dictó en 2018 por unas publicaciones suyas en Facebook en las que criticaba al ejército. El parlamentario quedó en libertad el 22 de septiembre de 2021, pero está en espera de un nuevo juicio — que debería comenzar el 14 de febrero—en una causa que el mismo tribunal militar abrió contra él por los comentarios de Facebook que publicó el 25, 26, 27 y 28 de julio de 2021. En ellos, Yassine Ayari criticaba el hecho de que usted hubiera asumido facultades excepcionales afirma que se trataba de un “golpe de Estado”.

 

Yassine está siendo procesado en aplicación de los artículos 67 y 128 del Código Penal, que prevén penas de prisión y el pago de multas por “delitos contra el jefe del Estado” y por “acusar a un funcionario público de actos ilegales en el desempeño de sus funciones sin ofrecer pruebas”, respectivamente. También está siendo procesado en aplicación del artículo 91 del Código de Justicia Militar, que prevé penas de hasta tres años de prisión por actos que “ofendan al ejército, afecten a la disciplina o la moral militar, o critiquen las decisiones de la dirección militar o menoscaben su dignidad, y por la revelación no autorizada de información sobre asuntos militares”.

 

Yassine Ayari está siendo juzgado y podría ser encarcelado por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y por expresar sus opiniones online. Sus críticas políticas se encuentran protegidas en virtud del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que Túnez ha ratificado. A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que al menos otros nueve miembros de la población civil están siendo investigados o procesados por tribunales militares de Túnez por diferentes delitos. Cuatro de estas personas —Yassine Ayari entre ellas— se enfrentan al sistema de justicia militar por expresar opiniones críticas con el presidente.

 

Lo insto a garantizar que se retiran los cargos contra Yassine Ayari y a poner fin a su enjuiciamiento militar, que se debe al ejercicio online de su libertad de expresión. Asimismo, pido a las autoridades que pongan fin al enjuiciamiento de civiles ante tribunales militares.

 

Atentamente,  [NOMBRE]

 

 

Yassine Ayari, ingeniero de 40 años que se opuso al gobierno del presidente Ben Alí, fue elegido diputado en las elecciones parciales de 2018 en representación de la población tunecina de Alemania. En las elecciones legislativas de 2019 fue reelegido por su partido político, Esperanza y Trabajo, representando en esa ocasión a la población tunecina de Francia. Tras salir de Túnez en 2010, Yassine Ayari pasó ocho años en el exilio y trabajó como ingeniero en Bélgica y Francia. En 2017 publicó un comentario en Facebook en el que criticaba al expresidente Béji Caid Essebsi y el uso que éste hacía del ejército para reprimir a la población. En 2018, un tribunal militar declaró al parlamentario culpable de “difamar al ejército” y lo condenó a dos meses de encarcelamiento.

 

El 25 de julio de 2021, después de que el presidente Kais Saied anunciara el bloqueo del Parlamento y la retirada de la inmunidad parlamentaria, Yassine Ayari publicó varios comentarios en Facebook en los que criticaba enérgicamente al presidente, y que Amnistía Internacional ha revisado. En ellos, el parlamentario criticaba con dureza lo que consideraba un abuso de poder por parte del presidente —a quien se refería con palabras tales como faraón y tonto”—, y calificaba de

golpe de Estado militar con planificación y coordinación extranjeras” la decisión de suspender el Parlamento, tomada el 25 de julio de 2021. El 30 de julio del mismo año, al menos 30 agentes de policía vestidos de civil irrumpieron en el domicilio de Yassine Ayari sin orden de arresto, y lo llevaron a un lugar desconocido. Según explicó su hermano a Amnistía Internacional, su familia se enteró más tarde de que se lo habían llevado para hacerle cumplir la condena de dos meses que le había impuesto el tribunal militar de Túnez en 2018 por una publicación de Facebook que se había considerado difamatoria contra el ejército. El tribunal militar ordenó su detención una vez que se había retirado la inmunidad a todos los parlamentarios y parlamentarias, tal como había ordenado el presidente Saied el 25 de julio de 2021, en el momento de suspender el Parlamento.

 

Desde que el presidente Saied asumiera nuevas atribuciones el 25 de julio de 2021 ha habido una tendencia cada vez más marcada a remitir causas de civiles, incluidos un periodista, un bloguero y miembros de la oposición política, a tribunales militares. El sistema de justicia militar ha comenzado a investigar o procesar al menos a 10 personas más.

 

Los procesamientos por “ofender” al ejército, al presidente o a otras instituciones del Estado no son delitos reconocibles de derecho internacional ni, por tanto, compatibles con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Túnez está obligado a cumplir. En 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU —que supervisa el cumplimiento del Pacto— publicó unas directrices sobre las obligaciones relativas a la libertad de expresión que el artículo 19 entraña para los Estados, en las que enfatizaba la gran importancia que el Pacto atribuye a la expresión sin inhibiciones en el “debate público sobre figuras políticas y de las instituciones públicas”, y añadía que “los Estados Partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la administración.

 

Además, permitir que una persona civil sea juzgada por un tribunal militar es una violación del derecho a un juicio justo y de las garantías procesales. Las directrices de 2003 sobre juicios justos según la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos establecen que la única función de los tribunales militares es fallar delitos de carácter puramente castrense

cometidos por personal militar.

 

Los tribunales militares desempeñaron un papel clave en el aparato represor del Estado durante las presidencias de Habib

Bourguiba (1957-1987) y Zine el Abidine Ben Alí (1987-2011). Bajo ambas presidencias se dictaron condenas por delito políticos en juicios manifiestamente injustos ante tribunales militares. Aunque fueron, en parte, reformados tras el levantamiento de Túnez, los tribunales militares siguen indebidamente sometidos al control del ejecutivo, ya que el presidente de la república tiene el control absoluto del nombramiento de sus jueces. Además, el fiscal general que dirige el sistema de justicia militar, así como todos los fiscales de los tribunales militares —que desempeñan un papel esencial a la hora de iniciar procedimientos—, son miembros en activo de las fuerzas armadas y están sometidos a la disciplina militar, lo que los coloca bajo las órdenes directas del ejecutivo.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Árabe, francés o inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de marzo de 2022

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la

fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Yassine Ayari (masculino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/mde30/4718/2021/es/