Sri Lanka: Las autoridades deben dejar de reprimir el derecho a protestar

Las autoridades srilankesas han reprimido duramente las protestas y han demonizado a quienes protestan durante el periodo de crisis económica y dificultades que atraviesa el país, afirma Amnistía Internacional en un nuevo documento publicado hoy.

En el documento, titulado Penalized for Protesting: Sri Lanka’s crackdown on protestors (Castigados por protestar: La represión de quienes protestan en Sri Lanka), se detalla la falta de protección estatal a las personas que protestan pacíficamente, y como las autoridades han recurrido al uso excesivo de la fuerza, desplegando al ejército para controlar las protestas y tomando represalias contra quienes protestan, al tiempo que demonizan a quienes ejercen pacíficamente su derecho a protestar.

“En los últimos meses ha habido en Sri Lanka protestas generalizadas en la peor crisis económica de la historia del país desde su independencia. La gente tiene derecho a expresar su descontento pacíficamente y el Estado tiene la obligación de facilitar el ejercicio de este derecho, pero las autoridades srilankesas han sofocado sus voces reiterada e implacablemente”, afirma Yamini Mishra, directora de Amnistía Internacional para Asia Meridional.

“El nuevo gobierno de Sri Lanka ha seguido recurriendo al uso ilegal de la fuerza, la intimidación y el hostigamiento para reprimir a quienes protestan, enviando con ello al pueblo srilankés el aterrador mensaje de que no hay lugar para la disidencia. El derecho a la libertad de reunión pacífica es la piedra angular de cualquier derecho que tenga que ver con la sociedad y debe ser respetado y protegido.”

Es de señalar que, desde que comenzó el movimiento de protesta, en febrero de 2022, se han producido incidentes de violencia durante protestas. Aunque estas protestas no pueden considerarse pacíficas, las autoridades deben responder a ellas con arreglo a las leyes y normas de derechos humanos.

Gas lacrimógeno, cañones de agua… y munición real

Desde el inicio de las protestas, hace cinco meses, la policía y las fuerzas armadas han utilizado sistemática e indebidamente gas lacrimógeno y cañones de agua contra manifestantes en su mayoría pacíficos. En dos ocasiones las fuerzas de seguridad dispararon con munición real contra ellos, acabando con la vida de al menos una persona en Rambukkana el 19 de abril.

Este uso indebido de la fuerza también se produjo en otros incidentes clave, demostrando que el gobierno se niega a facilitar el derecho de reunión pacífica, a pesar de que su obligación de hacerlo en virtud de las leyes y normas internacionales de derechos humanos.

Desde la llegada al poder del presidente Ranil Wickremesinghe, el 21 de julio, han sido detenidos más de 140 manifestantes, y a otros 18 se les ha prohibido viajar. Además, tanto parlamentarios como el propio presidente han calificado a los manifestantes de “terroristas” en reiteradas ocasiones, y el presidente Wickremesinghe los ha tachado de “fascistas”, lo cual se inscribe en una pauta general de demonización del movimiento de protesta. Las autoridades han ido un paso más allá, al utilizar la Ley de Prevención del Terrorismo para detener a tres manifestantes. En el pasado, Amnistía Internacional ha documentado el uso de esta draconiana ley por parte de las autoridades para atacar y hostigar a minorías, activistas, periodistas y voces críticas. La Ley de Prevención del Terrorismo viola el derecho internacional de los derechos humanos y debe ser revocada.

‘‘Quieren verme en la cárcel”

Desde el 2 de abril, las autoridades han efectuado detenciones sin respetar el debido proceso. Las fuerzas de seguridad no presentaban su identificación oficial ni la orden de detención, ni explicaban adecuadamente los motivos de la detención. A algunas personas se las llevaban y las retenían varias horas en lugares sin identificar. En estas ocasiones no se confirmó la detención ni se dio a las personas detenidas la oportunidad de informar sobre su paradero a sus familiares, amistades o abogados.

Una persona que participa en las protestas contó a Amnistía Internacional: “Sigue preocupándome que traten de detenerme y me acusen de algo que no he hecho, porque quieren verme en la cárcel.”

Estas detenciones, que constituyen una privación ilegal de libertad, deben cesar de inmediato, y las autoridades deben llevar a cabo las detenciones respetando las obligaciones que han contraído en virtud de las leyes y normas internacionales, como el PIDCP, que prohíbe la detención arbitraria y protege el derecho a la libertad y la seguridad de la persona. Además, deben dejar de utilizar la normativa de excepción, que brinda amplios poderes a la policía y las fuerzas armadas para realizar registros y detenciones sin las garantías del debido proceso y vulnera el derecho internacional de los derechos humanos.

“El Estado no está del lado del pueblo”

Otra de las personas que participa en las protestas, acosada reiteradamente por las autoridades, dijo a Amnistía Internacional:  “A muchas de las personas que protestan se les ha prohibido viajar, han sufrido vigilancia y agresiones con gas lacrimógeno, así como cargas con porras. A veces se han emitido órdenes judiciales contra ellas y han sido encarceladas […] El estado siempre protege y defiende únicamente al poder político, y no está del lado del pueblo.”

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Sri Lanka que retiren todos los cargos contra las personas que protestaban pacíficamente en las llamadas “reuniones ilegales”. Todas ellas deben quedar de inmediato en libertad. Además, las autoridades deben realizar sin demora investigaciones transparentes e imparciales sobre todas las denuncias de agresiones a personas que protestaban pacíficamente, con la ayuda de observadores internacionales.

“La implacable represión del derecho a la libertad de reunión, circulación y expresión nos habla de la tradicional supresión de la disidencia en Sri Lanka. Dado el inmenso e histórico apoyo del movimiento pacífico de protesta, las autoridades srilankesas deben cambiar de actitud y poner fin inmediatamente a su represión del derecho de la gente a protestar”, ha afirmado Yamini Mishra.

Información complementaria

El derecho a la protesta corre peligro en todas las regiones del mundo La campaña Protejamos la Protesta de Amnistía Internacional desafía los ataques a la protesta pacífica, defiende a quienes los sufren y apoya las causas de los movimientos sociales que presionan en favor de un cambio en materia de derechos humanos.