Viernes, 10 de noviembre, 2023
En los últimos cinco años el Estado colombiano ha respondido de manera insuficiente ante los graves riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el país, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar un nuevo informe, Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa. Ante la crisis, Amnistía Internacional insta a las autoridades a garantizar que las personas defensoras de derechos humanos tengan un espacio propicio y seguro para hacer su labor.
“Amnistía Internacional ha recibido innumerables denuncias de personas defensoras de derechos humanos en Colombia que sufren ataques y amenazas por la labor que desempeñan. Entre 2020 y 2023, hemos observado que las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país. Ante esta crisis, nuestra investigación deja clara la necesidad de una respuesta institucional fuerte, integrada y coordinada”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En 2023 la Defensoría del Pueblo de Colombia señaló que la tendencia de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el país se sostiene en el tiempo y crece de manera paulatina. Según el Programa Somos Defensores, 199 personas defensoras fueron asesinadas en 2020; 139 en 2021, y 197 en 2022. A septiembre de 2023, INDEPAZ ya había documentado el asesinato de 127 personas con liderazgo social y defensoras de derechos humanos, una cifra provisional pero alarmante.
Amnistía Internacional ha recibido innumerables denuncias de personas defensoras de derechos humanos en Colombia que sufren ataques y amenazas por la labor que desempeñan.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Esperanza bajo riesgo relata cinco casos de ataques y amenazas a personas defensoras de derechos humanos en cuatro regiones de Colombia. Tres de los casos han sido acompañados por Amnistía Internacional desde 2020 y en este informe se presenta una actualización de su situación. Los otros dos casos corresponden a organizaciones de defensa de derechos humanos ubicadas en el Magdalena Medio, una región fuertemente afectada por la violencia armada y en donde defender derechos humanos es una actividad de alto riesgo.
La Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos de Santander (FEDEPESAN) defiende los cuerpos de agua del Magdalena Medio y la forma de vida de las personas pescadoras de las ciénagas que rodean Barrancabermeja. FEDEPESAN agrupó a siete organizaciones de personas pescadoras y persiste en su defensa del ambiente en un contexto de ataques y amenazas. Yuly Velásquez, su presidenta, ha sido atacada por lo menos tres veces por personas armadas en los últimos años.
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) ha construido una red de defensa de derechos humanos, también en el Magdalena Medio, que ha sido objeto de ataques y amenazas durante décadas. Desde 1987 CREDHOS ha defendido derechos humanos en la región, poniéndose en riesgo ante ataques que se han materializado a través de los años en asesinatos de integrantes de la organización, y ha forzado a algunos de sus miembros a exilios y desplazamientos forzados internos. Hoy CREDHOS ha sido reconocida como víctima colectiva del conflicto armado interno y continúa su labor de defensa de derechos humanos.
La Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA) defiende la selva amazónica y el modo de vida campesino en el Putumayo. El objetivo de la organización, conformada por familias campesinas, es gestionar la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica. Jani Silva y otras integrantes de ADISPA han sido atacadas y amenazadas en innumerables ocasiones durante los últimos cinco años, especialmente por su trabajo de conservación del medio ambiente y vigilancia de la biodiversidad y el agua en el territorio.
La comunidad indígena de ASEIMPOME, después de más de 30 años de sufrir ataques y violencia, resiste y permanece en su territorio ancestral en el Meta. Al regresar en 2015 a su territorio, la comunidad se enfrentó a ataques y hostigamientos para evitar que se queden en la zona. Algunos de los ataques han consistido en invasiones a los predios de la comunidad, incendios a sus viviendas y amenazas a sus autoridades tradicionales.
El Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) promueve los derechos asociados a la tierra del campesinado que habita en el Catatumbo, ante la violencia, la exclusión y la pobreza. Las familias campesinas del Catatumbo han sido marginalizadas históricamente y han sufrido de manera desproporcionada el impacto del conflicto armado y la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca. Actualmente, aunque la violencia ha disminuido, el campesinado al que CISCA acompaña se enfrenta a una crisis socioeconómica que amenaza de manera grave su acceso a derechos económicos y sociales.
Las autoridades colombianas deben adoptar medidas de protección colectiva para abordar las causas estructurales del riesgo en que están inmersas las personas defensoras y sus comunidades
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Además de los casos particulares, el informe presenta un análisis general de la situación de protección colectiva de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente en Colombia. Amnistía Internacional analiza los últimos dos años de gobierno del Presidente Iván Duque y el primero del Presidente Gustavo Petro. Durante el cierre del período presidencial de Iván Duque, a pesar de las múltiples advertencias y recomendaciones realizadas por organizaciones de defensa de derechos humanos, plataformas y organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, el gobierno insistió en la adopción de medidas contraproducentes para proteger a las personas defensoras, como crear mecanismos paralelos a los existentes a través del Plan de Acción Oportuna, y se resistió al cumplimiento de los compromisos que al respecto se pactaron en el acuerdo de paz de 2016, como garantizar el correcto funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El gobierno de Gustavo Petro inició con declaraciones de intenciones de cambiar la situación, la adopción de un plan de emergencia para la protección de las personas defensoras y el inicio de gestiones para llegar a soluciones a mediano y largo plazo. A pesar de ese cambio de rumbo, Amnistía Internacional pudo verificar que la violencia contra personas defensoras de derechos humanos continuó durante su mandato, tanto en términos de cifras generales como respecto de varios de los casos documentados en el informe.
“Las autoridades colombianas deben adoptar medidas de protección colectiva para abordar las causas estructurales del riesgo en que están inmersas las personas defensoras y sus comunidades, especialmente en los casos de aquellas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Estas medidas deben buscar la completa mitigación de las causas generadoras de la violencia a partir de un enfoque integral e interseccional”, dijo Ana Piquer.
“Al mitigar las causas estructurales, no sólo se les protege, sino que se garantizarán sus otros derechos. Saludamos que el gobierno haya anunciado en los últimos meses un fortalecimiento de la estrategia de adopción de planes de protección colectiva, pero urgimos que la intervención estatal sea completa, comprehensiva y coordinada”.
El enfoque de protección adecuado para el abordaje y mitigación de las causas estructurales de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos es el de protección colectiva, complementario a la protección individual y basado en una aproximación interseccional que dimensione adecuadamente las necesidades y riesgos particulares de las mujeres, los Pueblos Indígenas, las comunidades Afrodescendientes y campesinas, los niños y niñas, las personas LGBTIQ+, las comunidades rurales y otros grupos históricamente marginalizados o discriminados. Amnistía Internacional llama al gobierno colombiano a continuar su impulso a la adopción de medidas con este enfoque y, en últimas, proteger de la mejor manera posible a personas, grupos y comunidades que defienden derechos humanos.
Esperanza bajo riesgo es una actualización del informe ¿Por qué nos quieren matar? La falta de un espacio seguro para defender humanos en Colombia y da seguimiento a la investigación que se hizo en ese momento sobre la situación de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia.