Madres víctimas de ejecuciones extrajudiciales enfrentan embates de la complicidad y el retardo procesal en sus casos
Acoso, extorsión, persecuciones y, por último, el asesinato, son algunos de los delitos que anteceden a una de las violaciones de derechos humanos que más cometen funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado: las ejecuciones extrajudiciales
“Cuando decidí que no les iba a dar más dinero a los funcionarios del Cicpc, porque lo que estaban haciendo era injusto, se metieron a mi casa y mataron a mi hijo”, recuerda Aracelis Sánchez, fundadora de la Organización de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Orfavideh), quien vivió en carne propia la tragedia de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Acoso, extorsión, persecuciones y, por último, el asesinato, son algunos de los delitos que anteceden a una de las violaciones de derechos humanos que más cometen funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado: las ejecuciones extrajudiciales.
“Hablamos de ejecución extrajudicial cuando una persona es detenida por un organismo policial o militar y es asesinada una vez que está bajo custodia del funcionario, lo que quiere decir que la persona es objeto de violación del derecho a la vida, sin que exista ningún proceso judicial. Además, en Venezuela no está legalmente establecida la pena de muerte”, explica el abogado y defensor de derechos humanos, Marino Alvarado.
La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que durante el primer año de acción de las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) se produjeron 504 ejecuciones extrajudiciales. Esta cifra se duplica cuando sumamos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en otros operativos de seguridad.
Acoso y extorsión
El caso de Aracelis Sánchez es emblemático, ya que después de tres meses de acoso y extorsión por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), un grupo de funcionarios ingresaron violentamente a la vivienda de la defensora y asesinaron a su hijo, Darwilson Sequera.
La situación fue denunciada ante el Ministerio Público en 2013, pero al fiscal a quien le fue asignado el caso no aplicó las medidas de protección a la víctima ni se interesó por cumplir con su deber: investigar la violación de los derechos humanos.
“Yo primero denuncié, pero luego que los funcionarios se meten por primera vez a mi casa yo fui directamente donde el Fiscal y le dije que nos querían matar. El funcionario solo me dijo que volviera a colocar la denuncia y es ahí cuando la envían a la fiscalía 78° del Área Metropolitana de Caracas”, explicó Sánchez, sin embargo, su caso no solo ha estado en manos de esa oficina, sino que ya ha pasado por la Fiscalía 127° y 81°, solo obteniendo respuesta de esta última.
Por su parte, Alvarado señala que “en la historia de Venezuela, una de las características que más resalta en los casos de violación de derechos humanos ha sido la impunidad. La voluntad política del Estado para investigar y sancionar a los responsables de violaciones al derecho a la vida, en este caso bajo la modalidad de ejecuciones, no es mucha”.
Sin embargo, el abogado destaca que todavía pueden encontrarse funcionarios que, pese a las amenazas y presiones en su contra, tratan de investigar los casos. Además, la insistencia de los familiares y la voluntad de todos los involucrados en el proceso de hacer justicia puede hacer la diferencia.
El día que fue asesinado el hijo de Sánchez, un grupo de efectivos del Cicpc rodearon la vivienda ubicada en los Jardines de El Valle, en Caracas. Sánchez recuerda que los funcionarios subían por las paredes. “Estábamos rodeados de gente vestida de negro como si fuese un operativo contra un capo. Eran demasiados y yo no sabía qué hacer”.
“Los que participaron en el asesinato de mi hijo amenazaron a los vecinos para que no se asomaran, dispararon muchas veces para simular un enfrentamiento, pero ya mi hijo estaba muerto”.
La simulación de enfrentamientos es una de las características más frecuentes en los casos de ejecuciones extrajudiciales que se registran en Venezuela. Alvarado indica que “de acuerdo a la investigación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, casi el 80% de las ejecuciones son presentadas como enfrentamientos”.
“En algunas ocasiones no solo se asesina a la víctima, sino que ya muerta se agravia su imagen al presentarle como un delincuente. Eso es algo muy común en los cuerpos militares y policiales”, agregó.
Obstáculos para hacer justicia
Hacer justicia en uno de los países con los peores índices de corrupción es una tarea titánica. Los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales no solo tienen que enfrentar las agresiones de los funcionarios policiales o militares, sino también la ineficiencia y poca voluntad de quienes en la Fiscalía o en Tribunales tienen que esclarecer los hechos, así como sentenciar a los responsables.
Tal es el caso de Eubardis Herrera, madre de Alexandra Conopoy y abuela de una bebé en gestación que también fue asesinada por un efectivo militar. El 31 de diciembre, en horas de la madrugada, la familia se encontraba protestando para exigir la venta de una pieza del tradicional cerdo navideño prometido por el gobierno venezolano.
“Mi hija de 18 años fue asesinada a manos de un Guardia del Pueblo (grupo de militares que forman parte de la Guardia Nacional Bolivariana). Ella tenía 5 meses de embarazo y quedó en la línea de fuego durante una protesta por los perniles de diciembre. Mi hija recibió un impacto de bala en la parte posterior de la cabeza y mi nieta falleció inmediatamente por la caída”.
La hija de Herrera fue trasladada al Hospital Pérez Carreño de Caracas, en donde falleció. Al sitio se acercaron los superiores de los efectivos que cometieron el crimen, quienes pidieron perdón por el hecho, pero no aseguraron que iban a llevar ante la justicia a los responsables.
De hecho, la insistencia de Eubardis Herrera hizo que detuvieran al efectivo militar que accionó el arma, pero no logró que también fueran aprehendidos los compañeros de guardia del responsable.
El grupo de uniformados estaban bajo la influencia del alcohol en plena jornada laboral. “Mi caso ya tiene cinco meses, ahora estoy enfocada en que exigirle a la fiscal que empiece a mover mi caso, para ver si dictan sentencia a los responsables, pero no solo a él, sino a los otros militares que estaban junto al asesino, porque los tres estaban tomando alcohol en esa licorería, vieron lo que pasó y no hicieron nada. Son cómplices”, concluyó Herrera.
Esta grave infracción tampoco es suficiente para que el caso pase a tribunales, ya que el mismo se encuentra en completo estancamiento. “La fiscal 83° del Área Metropolitana de Caracas se presentó en la Morgue de Bello Monte. Me preguntó ¿qué quieres ahorita? Y yo solo le exigí el cuerpo de mi hija hoy, ya que al ser 31 de diciembre el personal forense no regresaba a trabajar hasta el 3 de enero”.
Pese a que la fiscal aseguró que llamaría a los testigos para tomar sus declaraciones y adelantar el caso, hasta la fecha esto no ha ocurrido. El abogado apuntó que casos como este tienden a dilatarse tanto que lograr que se haga justicia cuesta mucho. “En general, el porcentaje de casos que termina siendo investigado y sancionado por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela es muy poco, está por el 1%”, indica Alvarado, quien destaca que hay cuatro principales obstáculos en el proceso de investigación y juicio de un caso de ejecución extrajudicial.
En primer lugar, la alteración de la escena del crimen es uno de los principales obstáculos para las investigaciones, ya que impide que se consigan las pruebas que demuestren la ejecución extrajudicial. Además, en Venezuela suele pasar que la misma fuerza de seguridad que comete el crimen (principalmente el Cicpc, Sebin o la Policía Nacional Bolivariana) son quienes realizan las investigaciones, por lo que puede existe la posibilidad que se encubra el delito.
Como se mencionó anteriormente, la falta de voluntad para cumplir con el deber es otro factor importante, ya sea por la complicidad en el crimen o las presiones existentes para que no se haga justicia, que en este punto entra en juego la postura de los jueces ante el hecho. Lamentablemente, algunos apoyan y justifican estas actuaciones ilegales.
Los casos de Sánchez y Herrera solo forman parte de las graves estadísticas que llevan a cuestas la deteriorada justicia venezolana. Como ellas, existen muchas madres que esperan sean resueltos los casos, se impongan penas a los responsables y el Estado pueda reparar de alguna manera el dolor que les generó.
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